El diputado regional, Antonio Urbina, ha afirmado que la única forma de mantener abierta la desaladora y hacerla útil para la Región de Murcia es "cumplir con lo aprobado en el Pleno. Que la CARM denuncie los lesivos contratos que se firmaron en la época de Valcárcel y que demuestre que la desaladora ya está pagada, por tanto, es propiedad de la Comunidad Autónoma y no se puede seguir destinando dinero público para pagar a ACS".
Urbina ha señalado que la aprobación este jueves del dictamen no es el final del trabajo sobre Escombreras, "es todo lo contrario. Es tan sólo el inicio. Ahora empieza la obligación de cumplir con el dictamen que es lo único que puede hacer viable la desaladora y que podamos obtener de ella los 21 hectómetros cúbicos de su capacidad total. Si esto no se cumple, Escombreras generará pérdidas insostenibles y habría que cerrarla, tal y como ha avisado el Tribunal de Cuentas".
El diputado de Podemos ha explicado que tras un año de trabajo, más de 5.000 folios de expediente y 36 comparecencias, queda demostrado que se diseñó "una trama del gobierno de Valcárcel para engañar a la Región de Murcia. Engaño, primero, con la promesa de agua. Constituyen el Ente Público del Agua para saltarse la propia Ley de Aguas. Avalan con la supuesta agua de Escombreras la construcción de 182 millones de metros recalificados para ser urbanos, algo que nunca respaldó la CHS. Se promete a los ayuntamientos agua que nunca iba a llegar, un total de 48Hm3, porque ni siquiera al 100% puede Escombreras ofrece la tercera parte del agua prometida".
Además, Antonio Urbina ha incidido en que la trama diseñó la desaladora para que "fuera la Comunidad Autónoma la que avalase la construcción de la desaladora y la que diese respaldo a las posibles pérdidas de las empresas privadas, concretamente a las del grupo COBRA que pertenece a ACS". Esto, ha añadido Urbina, "generó unos contratos muy lesivos para los intereses públicos y los que han generado un enorme lastre financiero alrededor de Escombreras. Por ello, exigimos al gobierno del PP que los servicios jurídicos, marginados todos estos años, denuncien los acuerdos alcanzados en la época de Valcárcel y que se aporten los documentos que demuestran que la desaladora ya es de la Región de Murcia y no se consienta llegar a pagos que pueden alcanzar los 600 millones de euros por una infraestructura que costó algo más de 100".
El problema "ya no es sólo público" ha concluido el diputado de Podemos, quien ha añadido que aparte de mejorar los problemas técnicos o sacar la toma de agua de la desaladora fuera de la dársena de Escombreras, lo que hay que solucionar es la íntima relación de las empresas privadas, el gobierno del PP y la corrupción. El grupo ACS se ha especializado en pelotazos a costa de lo público, como el caso Castor. Por eso pedimos de manera rotunda defender los intereses de la Región por delante de los de este tipo de empresas".