La diputada regional, María Giménez, ha agradecido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Murcia "su iniciativa al presentar a los grupos políticos la Ley de emergencia habitacional y contra la pobreza energética en la Región de Murcia y todo el apoyo ofrecido durante su tramitación parlamentaria traducida en la ya vigente reforma de la Ley de Vivienda Regional".
María Giménez ha subrayado "la enorme labor" de este colectivo que ha logrado que Europa reconozca como ilegal una cláusula "que contienen todas las hipotecas y que permite a la banca reclamar la totalidad de la deuda pendiente más los intereses correspondientes al dejar de pagar tres cuotas".
Giménez ha explicado que esta última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la octava que confirma lo defendido por la PAH "la estafa hipotecaria y la complicidad de los gobiernos y la banca en este asunto. Bruselas dice claramente que la normativa hipotecaria española es injusta e ilegal y el gobierno de Mariano Rajoy no puede seguir eludiendo su necesaria reforma".
Asimismo, la diputada de Podemos ha recordado que en la Región de Murcia "el gobierno regional del Partido Popular intenta por todos los cauces posibles boicotear la aprobada en la Asamblea. No entiende que por encima de ideologías están las familias que se enfrentan a un proceso penoso y que, encima, es contrario a nuestra Constitución y los Derechos Humanos".
Por eso, la diputada regional ha querido manifestar "el total respaldo de Podemos a la exigencia de la PAH de que se anulen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios desde 1995. Desde entonces, España incumple la normativa de la Unión Europea en materia de derechos de los consumidores, afectando también a un Derecho Fundamental que es como tenemos que considerar el Derecho a la Vivienda".
Además, María Giménez ha incidido en el apoyo de Podemos a la PAH para que se exija, aparte de la declaración de nulidad, la restitución de derechos y la reparación de los daños producidos a más de 700.000 familias desde 2008 y a todas aquellas que han sufrido las consecuencias de una ley "infame" desde hace 23 años.