La Comunidad Autónoma ejerce el papel de la familia para un total de 472 personas mayores de edad que están incapacitadas y que no tienen a nadie que se haga cargo de ellas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, explicó que la Comunidad "realiza la labor que correspondería a una familia para todas estas personas que no tienen a nadie, ejerciendo sus derechos y haciéndose cargo de sus necesidades".

La consejera explicó que en el año 2003 eran 47 las personas adheridas a este servicio y este número ha ido aumentando de forma progresiva hasta alcanzar la cifra actual.

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, que es la que se encarga de prestar el servicio, verá incrementado sus recursos, de forma que el presupuesto de esta fundación para este año es de 501.468 euros, lo que supone un incremento de más del 15 por ciento con respecto a 2016, gracias también a las aportaciones de las entidades bancarias que colaboran con ellos.

Según los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las actuaciones en el ejercicio pasado correspondieron a curatelas para 39 personas, tutelas de bienes, tutelas provisionales, administradores provisionales y las defensas judiciales de 181 personas.

Recientemente se celebró una reunión del Patronato de la Fundación para la Tutela y Defensa del Adulto en la que se dio cuenta de su memoria de actividades durante 2016.

La consejera Violante Tomás declaró que "un dato significativo analizado en la presentación anual de la memoria de actividad de la Fundación es que se está haciendo un gran esfuerzo para que estas personas permanezcan en sus propios domicilios, prestándoles toda la asistencia, jurídica, social y médica, fuera de residencias".

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades en todo el territorio de la Región de Murcia.

En el ámbito personal, la actuación de la Fundación se circunscribe a las personas mayores de edad residentes en la Región que se encuentren incapacitadas legalmente y de las que la Autoridad Judicial atribuya la tutela por carecer éstas de familia, personas o instituciones idóneas para ejercerla.