UPYD celebra la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE que ha concedido la retroactividad total de la devolución total de las cláusulas suelo de las hipotecas, pero considera que el arbitraje gratuito propuesto por Cs y PSOE es una mala idea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado incompatible con el derecho comunitario la decisión del Tribunal Supremo de limitar los efectos retroactivos de su devolución cuando estas fueron declaradas abusivas y nulas en mayo del 2014. Los bancos van a tener que devolver a los afectados todo lo que les han cobrado de más en virtud de estas cláusulas, hasta 7.500 millones de euros en total, según La Vanguardia.
Unión Progreso y Democracia considera que este anuncio es una excelente noticia para todos aquellos que fueron estafados por los bancos, ya que las cláusulas suelo estaban incluidas en muchas de las hipotecas a tipo de interés variable firmadas durante los años del boom inmobiliario e impedían a sus titulares beneficiarse de rebajas por debajo de un umbral predeterminado.
Guillermo del Valle, miembro del Consejo de Dirección y Adjunto al área Programa y Acción Político de UPYD, considera que "una vez más, Europa, con todas sus deficiencias y retos pendientes de asumir, es la que corrige el indeseable rumbo de nuestras instituciones nacionales".
En cuanto al sistema de arbitraje gratuito que proponen Ciudadanos y PSOE, Del Valle alerta que hay una trampa implícita. "Los arbitrajes, cuando la sentencia es favorable para el consumidor, carecen de sentido. El arbitraje es una suerte de método extrajudicial para evitar la litigiosidad innecesaria, lo que no puede convertirse es en un subterfugio para escapar de las consecuencias de la justicia cuando ésta no le resulta favorable a los poderosos", explica.
Del Valle cree que hacemos "mala pedagogía" si aceptamos unas consecuencias jurídicas diferentes para las sentencias que afectan a los grandes bancos y para las que a diario condenan a pagar a cualquier ciudadano común. "Tenemos que recordar que la ley, y también las resoluciones judiciales, tienen que ser iguales para todos. Sin trampa ni cartón".
A su vez, recuerda el precedente de las preferentes, "en las que se articuló un arbitraje al gusto de la banca que le evitó pagar intereses y costas. Supuso una especie de recompensa inmerecida para el causante del fraude y un nuevo perjuicio económico encubierto para el consumidor".