● La formación denuncia que, a pesar de estar solo al 60% de ocupación, los presos en Campos del Río comparten celda, en contra de lo que establece la Ley Orgánica General Penitenciaria
● Ciudadanos pregunta en el Congreso por el equipamiento de seguridad de los funcionarios y la normativa específica que el Gobierno se comprometió a tramitar en la Comisión de Interior
Ciudadanos ha urgido al Gobierno a poner en marcha la normativa específica para reforzar la seguridad de los funcionarios de prisiones, tal y como se comprometió en la Comisión de Interior. La necesidad de esta normativa se ha hecho más patente tras los recientes incidentes ocurridos en el centro penitenciario Murcia II, ubicado en Campos del Río, donde un funcionario tuvo que darse de baja tras la agresión cometida por un interno. Igualmente, en la prisión de Alicante 2 un interno pinchó en el cuello a un funcionario con un arma de fabricación casera.
A estos incidentes se suma el hecho de que el propio Gobierno esté incumplimiento la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que los internos, con carácter general, serán ubicados en celdas individuales, salvo en circunstancias excepcionales. “Según hemos podido comprobar, la realidad es que todos los internos de Murcia II están compartiendo sus celdas a pesar de que solo está abierto al 60% de su capacidad (1080 celdas para 1080 internos)”, apunta el congresista Miguel Garaulet.
La formación naranja presentó en octubre en la última Comisión de Interior una Proposición No de Ley, aprobada por todos los grupos salvo Bildu y Esquerra Republicada, en la que se exigía al Gobierno que, en el plazo de seis meses, crease un grupo de trabajo específico para desarrollar un protocolo específico de actuación contra las agresiones en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. “Dicha regulación deberá contener medidas y estrategias preventivas, y deberá funcionar como un instrumento común de actuación y un sistema de garantías para los funcionarios de prisiones, pero a día de hoy el Gobierno sigue sin poner en marcha siquiera el grupo de trabajo que debe elaborarla”, señala el congresista.