Región

La Comunidad impulsa la incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual facilitando prácticas en las consejerías

La tasa de paro entre las personas con discapacidad duplica al de la población general

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, junto con el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, y el presidente de Plena Inclusión Región de Murcia, Joaquín Barberá, visitó hoy a la persona con discapacidad intelectual contratada y a los jóvenes con discapacidad que realizan sus prácticas en el organismo portuario.

Tomás afirmó que "el Gobierno regional está impulsando la incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual, a las que facilita realizar prácticas en las consejerías, ya que este colectivo tiene más difícil la búsqueda de empleo".

La Comunidad, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, suscribió un convenio a inicio de este año con y Plena Inclusión, Fundown, y la Federación de Asociaciones de Discapacidad Intelectual de Murcia (FADIS) que posibilita que 10 jóvenes de estas asociaciones se hayan incorporado a los organismos de la Administración regional para realizar prácticas.

Violante Tomás dijo que "queremos contribuir en la labor que muchas entidades vienen desarrollando a favor de las personas con discapacidad, en particular en el campo de la integración laboral". Además, explicó que "estas prácticas pueden ser un paso intermedio para conseguir un empleo, damos la oportunidad para que muchas personas puedan iniciar un itinerario de trabajo y, además, estamos ayudando a completar sus ciclos formativos".

Las áreas en las que se han desarrollado estas prácticas formativas son las correspondientes a las funciones de apoyo en tareas de auxiliar administrativo y personal de servicios.

La consejera declaró que "las personas con discapacidad intelectual tienen mayores dificultades que la población general para encontrar empleo, a pesar de la existencia de medidas legales, como incentivos económicos, subvenciones o programas dirigidos a las empresas privadas, que aseguran, en la medida de lo posible, el derecho constitucional al trabajo de este colectivo y, en consecuencia, hacer realidad el principio de igualdad respecto al empleo".

"La tasa de paro en personas con discapacidad duplica al de la población general, y esta diferencia es aún mayor en personas con discapacidad intelectual, entre las que se triplica", especificó la consejera. "La Administración regional debe jugar un papel fundamental en la inclusión laboral de este colectivo, constituyendo un ejemplo de buenas prácticas para la inserción laboral en el sector de la empresa privada y el resto de la sociedad", aseguró.

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