El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha señalado que en la Región de Murcia el ejecutivo "mira a otro lado cuando se trata de hacer de poner en marcha un plan riguroso de inspección regional, algo que ya detectó la Asociación de Técnicos de Hacienda y Agencia Tributaria. Debemos que atacar las fuentes del verdadero fraude en los tributos propios y cedidos".

Urralburu ha afirmado que mientras que la mayor parte de la gente "se ha tenido que apretar el cinturón, unos pocos privilegiados han tenido toda la libertad para dar una vuelta de tuerca a sus artimañas legales y contables para seguir defraudando y enriqueciéndose a costa de engañar a la hacienda pública".

La realidad es, según el portavoz de Podemos en la Cámara "que la ley está diseñada para perseguir a los 'robagallinas' mientras el fraude fiscal y los delitos económicos campan a sus anchas". En concreto, en la Región de Murcia, las medidas adoptadas por el ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez se reducen a "comprobaciones formales sobre los impuestos y a una coordinación inexistente entre las haciendas".

Por otro lado, Óscar Urralburu ha incidido en que el gobierno del Partido Popular "ha puesto palos en las ruedas para que la propuesta de Podemos de crear una Oficina Antifraude, aprobada en la Asamblea y que cuenta con presupuesto propio, pueda echar a andar".

Urralburu ha recordado que Podemos ha presentado en diversas ocasiones las medidas que se deberían aplicar en este campo para atacar las verdaderas bolsas de fraude en el ámbito autonómico. Como por ejemplo, actuaciones inspectoras conjuntas con laAgencia Tributaria estatal en materia de Impuesto de Patrimonio, investigaciones a fin de comprobar la ocultación jurídica de bines y las maniobras patrimoniales elusivas.

Además de actuaciones inspectoras propias y conjuntas con la Inspección estatal en materia de juego, creación de una unidad de inspección especializada en Impuestos Medioambientales. Establecer junto con la Oficina de Prevención del Fraude, de nueva creación, actuaciones inspectoras en sobrecostes en la contratación de la administración autonómica y contratos realizados en fraude de ley o con maniobras elusivas de la ley de contratos del sector público.