Pedro Saura asegura que el cierre de presupuestos a mitad de año supondrán la disminución de ayudas para dependencia, infancia, juventud, vivienda, y lucha contra la violencia de género, entre otros asuntos, además de que el AVE no llegará nunca a la Región ni se regenerará el Mar Menor
Los diputados electos murcianos, María González Veracruz y Pedro Saura, presentarán en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas para salvar 310 millones de euros que perdería la Región de Murcia, y que se perderían como consecuencia del cierre de los Presupuestos Generales del Estado a mitad de año ordenado por el Ministerio de Hacienda.
El diputado Pedro Saura ha explicado que esto supondría recortes de 110 millones de euros de trasferencias finalistas acordadas en convenios con la Comunidad Autónoma y recortes de 200 millones de euros en inversión pública para la Región.
"En total, se trata de 310 millones de euros que afectan directamente al estado del bienestar y a la inversión pública en la Región de Murcia", ha explicado.
Según Saura, las consecuencias para la Región de Murcia del cierre de presupuestos generales a mitad de año son que se cierra el grifo a las trasferencias finalistas, "es decir, a la dependencia, ayudas a la infancia, a la juventud, a la vivienda, fondos para la lucha contra violencia de género, etc."
"Se cierra también el grifo a la inversión territorializada del Gobierno de España en las distintas comunidades autónomas", ha añadido el diputado socialista.
Ha asegurado que otra consecuencia es que a una comunidad como la de Murcia, "que ya hace meses que perdimos la autonomía financiera y la autonomía política", le han dicho que hay que cerrar el presupuesto también en estos meses de la Región de Murcia.
"En definitiva, que el Gobierno de España haya decidido cerrar el presupuesto de 2016 a mitad de año tiene unas consecuencias de 310 millones de euros, y con estos recortes presupuestarios, la llegada del AVE a la Región de Murcia y la regeneración del Mar Menor no se producirían nunca", ha lamentado Saura.
En su opinión, lo que ha sucedido es que una reforma fiscal que beneficia al 10 por ciento de la población más rica y que tiene un coste estimado de 13.000 millones de euros y un efecto en la desviación del déficit público "de caballo", conlleva también recortes en la inversión pública y el estado del bienestar para 2016 y 2017, "y por tanto, una trasferencia de las rentas medias de los trabajadores hacia los más poderosos del país".