La Asamblea Regional aprobó hoy la Ley que modifica la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, que permitirá desbloquear subvenciones y obras de los ayuntamientos, así como garantizar el normal funcionamiento de la Administración regional.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, indicó que con la aprobación de esta norma "se restablece el equilibrio de las cuentas públicas, ya que permite la ejecución plena de los presupuestos, sin bloqueos", y destacó que "la aprobación ha sido posible gracias a un acto de responsabilidad".

La ley contempla la ampliación del plazo para la devolución de las subvenciones por obras concedidas a los ayuntamientos, si no comenzaron antes del 30 de junio de este año, hasta el 31 de diciembre de 2018, con el objetivo de no perjudicar a las corporaciones locales. Asimismo, recoge el pago de los meses de verano a los interinos docentes que hayan ocupado una vacante por un tiempo igual o superior a 255 días, es decir, ocho meses y medio.

La aprobación de esta ley permite modificaciones de crédito para incrementar las dotaciones correspondientes a los convenios para impartir ciclos formativos de FP y para hacer frente a las necesidades de los centros tecnológicos. Igualmente, contempla la devolución a los funcionarios de la Administración regional, en enero de 2017, del 37 por ciento que resta de la paga extra de 2012, como se recogió en el acuerdo para la mejora del empleo público.

Las ayudas de acción social se mantienen como estaban previstas en el proyecto de Ley inicial del Presupuesto, para los empleados públicos con hijos con discapacidad y los anticipos reintegrables a cuenta de las remuneraciones, ayudas ya pactadas con los representantes sindicales y contempladas en el estado de gastos.

Asimismo, se propone una remuneración al presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, a partir del 30 de junio de 2016, como en el resto de regiones del territorio nacional.

La Ley modifica la cuantía de los contratos menores, proponiendo ampliar hasta 30.000 euros para obras y 12.000 euros para suministro, lo que permitirá acometer pequeñas obras, únicamente para la Consejería de Educación, respetando al máximo lo determinado en la Ley original, lo que hará posible una tramitación de 15 días, sin tener que sufrir demoras de hasta seis meses.

Otra de las modificaciones incluidas permite que las bajas por adjudicación de fondos cofinanciados, básicamente del BEI y de FEDER, se destinen a gastos de la misma tipología, y no a otros fines, ya que se trata de fondos finalistas y, en caso contrario, se perderían. Además, se proponen modificaciones de crédito para financiación del transporte público en rutas deficitarias, por el carácter social y las necesidades de los ciudadanos de la Región.

La ley pretende racionalizar los recursos de forma que no perjudique a los ayuntamientos, así como desbloquear proyectos como el Plan de obras y servicios, los créditos para municipios de menos de 50.000 habitantes y otras actuaciones que se acometerán de manera directa por la Administración regional o por los propios ayuntamientos mediante subvenciones.