El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, destacó de entre las comparecencias de esta mañana en la Comisión de investigación de la desaladora de Escombreras, la del máximo representante de la empresa ACS, el director financiero, Cristóbal González Wiedmaier, quien afirmó que "estaban locos por abandonar esta planta, porque para ellos era un problema".

El diputado socialista comentó, por otra parte, que sorprende que sea otra empresa del grupo ACS la que se esté haciendo cargo del coste del préstamo que no está pagando Hidromanagement, con lo que la Comunidad tiene una deuda con otras empresas del grupo, que podrían reclamar por vía judicial. "Nos han dicho que están en negociaciones, pero queremos saber si lo que se ha pagado forma parte del precio final si se vendiera la planta, ya que el montante global de la desaladora hasta el momento asciende en torno a los 300 millones de euros, una cantidad muy respetable".

Navarro indicó que según los responsables de ACS, el peso de las negociaciones para la construcción, arrendamiento y mantenimiento de la planta lo gestionaron en su día Amalio Garrido y Mª Antonieta Fernández, sin participación ni de los servicios económicos ni jurídicos de la Comunidad.

También han comparecido esta mañana en la Comisión representantes del Banco Santander. Según las declaraciones de los responsables de Banesto (Banco de Santander) de ninguna manera se hubiera concedido el préstamo sin el aval de la Comunidad Autóma (Comfort Letter), "poniendo en evidencia las declaraciones de algunos comparecientes que aludían a esa carta de conformidad como un documento que no era vinculante".

El diputado socialista denunció que la deuda actual a los bancos es de 87 millones de euros, más los intereses, además de otros cuatro millones de un préstamo del Ministerio de Industria sin intereses, un montante que suma más de 95 millones de euros.

Los últimos en comparecer han sido trabajadores despedidos de la planta. Jesús Navarro ha pedido explicaciones sobre las causas de su despido, ya que estos trabajadores no están relacionados con los vídeos aparecidos. "Nos duelen estos despidos y queremos saber si están justificados. Tampoco nos parece adecuado que se despidan trabajadores de la Región para traer otros de otras zonas de España. Esperamos que se aclaren todos estos aspectos y se cumpla el compromiso del responsable de ACS, de que si la sentencia resulta desfavorable los readmitirán", concluyó.