La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha señalado que debido a la negativa de Ciudadanos de tramitar el decreto 3/2006 como Proposición de Ley, los usuarios de la dependencia que “abonaron el copago del 33% de manera injusta, no podrán recibir ese dinero de manera inmediata” tal y como solicitaba Podemos.
García Navarro ha asegurado que el gobierno regional tramitó de “manera injusta” la ley relativa a la dependencia, al imponer un copago del 33% a los usuarios con plazas residenciales, que por otro lado son “uno de los colectivos más vulnerables”. Hoy, a través de la convalidación del decreto, según la diputada de Podemos “se acaba con esta desastrosa gestión por parte de la consejería, que se está viendo obligada a dar marcha atrás por la vía judicial”.
Si bien, ha resaltado María Ángeles García Navarro, ni Partido Popular ni Ciudadanos han dado el visto bueno a que el dinero que han ido pagando los usuarios desde enero de 2016 les sea “reintegrado directamente y de manera inmediata, sino en forma de descuentos y compensaciones, sin saber ni cuándo ni qué cantidad se irá aplicando y para muchas personas sin conocer si lo cobrarán en vida. Además, aunque el gobierno reconoce que el copago es injusto, sólo hará la compensación desde enero de 2016 y no desde 2013 que es cuando entró en vigor”.
Podemos solicitaba la tramitación como Proposición de Ley para que también se comunicasen las variaciones ya que el decreto dispone que estas se aplican directamente. Por ello, la parlamentaria de Podemos ha incidido en que lo conveniente hubiera sido que “fuese comunicada con la suficiente antelación para que el usuario pueda decidir si desea continuar con dicha prestación o renuncia a la misma en caso de no poder asumir dichas modificaciones”.
García Navarro, ha recordado que la “falta de planificación en la dependencia ha construido una realidad en la Región de Murcia en la que nos encontramos con que están pendientes de recibir prestaciones más de un 12% en Grado II y III, y más de un 86% en Grado I, según datos del propio IMSERSO. Además, del retraso en la tramitación de los expedientes de unos 10 meses confirmados por el Tribunal de Cuentas”.