La diputada regional, María Giménez, ha hecho un llamamiento al gobierno regional para que la reforma de la Ley de Vivienda del Estatuto de los consumidores y usuarios impulsada por la PAH se ponga en marcha cuanto antes para "frenar el número de ejecuciones hipotecarias en la Región de Murcia que se ha incrementado en un 16%".
Giménez ha señalado que los datos del Consejo General del Poder Judicial son "tan contundentes como tristes. La cifra de desahucios del primer trimestre del año se han incrementado en Murcia por encima de la mayoría de Comunidades Autónomas".
Es por ello, que la parlamentaria regional haya afirmado que "tras el esfuerzo llevado a cabo por la sociedad civil, especialmente por la Plataforma Antidesahucios, para llevar a cabo una reforma que permita atajar de una vez por todas la terrible situación que viven cientos de familias en la Región, los datos muestren otra vez una lamentable realidad".
Ante la entrada en vigor, prevista para el 15 de septiembre, María Giménez ha alertado de que la situación se puede volver "irreversible en estos tres meses y se llegaría demasiado tarde para muchas familias. Por ello, el gobierno del Partido Popular debe tomar medidas urgentes y avanzar en el desarrollo de mecanismos que la reforma establece".
Para Giménez hay una medida que considera "prioritaria" y que es que las administraciones públicas garanticen el adecuado realojamiento de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual para poder hacer efectivo el desahucio.
Por último, la diputada de Podemos, ha recordado que la reforma, aprobada gracias al trabajo conjunto de Podemos y PSOE, con el voto favorable de Ciudadanos, responde a la necesidad de dar solución "a la situación de emergencia social que se vive en la Región, atendiendo de forma global al grave fenómeno de los desahucios, introduciendo nuevos principios rectores así como incorporando medidas de adhesión voluntaria que establezcan obligaciones expresas a los llamados grandes tenedores de vivienda, esto es, las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil".