La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) celebra la aprobación de un informe de la Unión Europea (UE) en el que se reconoce la existencia de prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario. Estas prácticas pueden ir desde las modificaciones unilaterales y con valor retroactivo de los contratos, la imposición de tasas fijas por parte de las empresas a los agricultores como requisito para formar parte de una lista de proveedores ("pagar para quedarse"), retrasos en los pagos de hasta 120 días (cuando el límite está en los 60) y descuentos arbitrarios que se conceden las empresas a sí mismas por pagar pronto o a tiempo. También se producen descuentos retrospectivos para importes pendientes que se deben a un proveedor o casos donde los minoristas obligan a los proveedores a utilizar determinados productores de embalaje que abonan a los supermercados una comisión por los encargos que reciben.
Erradicar y dar a conocer a las instituciones comunitarias la existencia de estas prácticas es el objetivo de este informe, que recoge como necesaria una legislación marco europea para hacer frente a las prácticas comerciales desleales y garantizar que los agricultores y los consumidores europeos dispongan de la posibilidad de beneficiarse de condiciones de venta y de compra equitativas. Estas prácticas ya fueron denunciadas por Cooperativas Agro-alimentatias de España, confederación a la que pertenece Fecoam, ante la UE. El nuevo texto pide que se promueva el fortalecimiento de los agricultores en la cadena alimentaria y considera que las organizaciones de productores, como las cooperativas, deben ser respaldadas para que los agricultores y ganaderos puedan posicionarse mejor en el mercado.
En el documento se critica, a su vez, los fallos existentes en la Iniciativa de Suministro Alimentario, (Código Voluntario Europeo), promovida por las organizaciones de la gran distribución e industria europea que no especifica sanciones, ni dispone de un órgano independiente que dirima los conflictos al respecto, ni tampoco se asegura el anonimato de las quejas formuladas por los operadores que las puedan sufrir.
Cooperativas Agro-alimentarias de España insta a la UE a seguir el ejemplo de la legislación española en este sentido y reclama la necesidad de aplicar leyes similares en un escenario de 28 países a través de una directiva.
La confederación ha colaborado estrechamente con los europarlamentarios y europarlamentarias españoles tanto de la Comisión de Agricultura como de Mercado Interior, a los que agradece su trabajo, y espera que este Informe sirva para dar un mensaje contundente y claro a la Comisión Europea para que realice una propuesta legislativa al respecto que ponga fin a este tipo de prácticas.