"por el grave perjuicio que se habría causado a las arcas regionales”
La comisión de investigación sobre la instalación, creada a instancias de C’s y presidida por Sánchez, prosigue mañana sus trabajos para dilucidar las responsabilidades políticas en la gestión de la instalación.
El portavoz de Ciudadanos y presidente de la comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, ha asegurado hoy que la irrupción bajo orden judicial de la Guardia Civil en las instalaciones para recabar documentación, “pone de manifiesto las sospechas de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación que ya sobrevolaban su gestión, y que habían sido ya entrevistas durante los trabajos de la comisión de investigación de la infraestructura, creada a instancias de nuestro grupo parlamentario. Se demuestra así lo que ya apuntaron en sus comparecencias tanto el expresidente Alberto Garre como el exconsejero Cerdá, que era un muy mal negocio, ruinoso para los intereses de todos los murcianos, que nos está costando la friolera de 70.000 euros al día”.
Sánchez ha añadido que “nunca es positivo ver a las fuerzas y cuerpos de seguridad entrando en unas instalaciones públicas y pagadas con el esfuerzo de todos los murcianos, y nunca es bueno ver el nombre de la Región de nuevo ligado a un posible caso de corrupción”, pero que “es mejor que se traten de dilucidar las responsabilidades penales por este mal negocio a todas luces que preferir mirar hacia otro lado”. En opinión de Sánchez, “urge conocer por qué el Gobierno de Valcárcel -del que formaba parte el actual presidente, Pedro Antonio Sánchez-, no adoptó ninguna medida a pesar de que tenía conocimiento puntual de la situación ruinosa y del daño patrimonial gracias a la intervención general, que en su informe ya apuntaba a una presunta responsabilidad por alcance contable”.
La comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras tiene prevista la comparecencia mañana de Amalio Garrido, María Antonia Fernández y José Manuel Ferrer. “El trabajo de la comisión tiene como fin depurar las posibles responsabilidades políticas de lo que cada vez está más claro que fue un negocio ruinoso para la Región, cuyo posible perjuicio para las arcas públicas ha sido estimado en más de 500 millones de euros”, ha añadido el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional.