Analizar los conflictos entre matrimonios de distinta nacionalidad, la reforma del sistema de protección a la infancia y adolescencia o la problemática en los pactos prematrimoniales son algunos de los objetivos de las III Jornadas de Derecho de Familia que han comenzado esta tarde.

Los encargados de inaugurar las jornadas han sido Daniela Rubio, en representación del Colegio de Abogados de Murcia, María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores López, coordinadora de las jornadas, y Fernando Florit de Carranza, fiscal decano de Familia y protección de las personas con discapacidad.

La reforma del Código Penal afecta a diversos ámbitos, como los matrimonios, la filiación, la tutela, la guarda de hecho, los menores… Entre los aspectos más importantes de la misma, Fernando Florit ha destacado la mayor protección de todos los menores en el ámbito penal, víctimas de delitos, y el poder arbitrar soluciones por una sola vía y no tener que acudir a la penal para solucionar aspectos como el impago de pensión o el abandono de familia, que debería ser la última vía de solución de dichos conflictos. Otros de los aspectos que pretende esta modificación, como ha matizado Florit, es que se trate a la persona con discapacidad como persona, más que como persona con discapacidad.

Con respecto al impago de pensión (caballo de batalla de todos los procesos matrimoniales), ha afirmado que se ha introducido un nuevo artículo en el que se puede aplicar el llamado delito de la frustración de la ejecución al que engañe en una ejecución a la hora de pagar a sus deudores, en este caso, de los alimentos. Por ello, "podría ser castigado con una pena de entre 3 meses a un año de prisión, lo que ayudará un poco a que esas vías civiles no se frustren".

Para concluir, ha aseverado que esta reforma agrava muchas conductas en los que las víctimas son menores o personas con discapacidad y se modifica, en algunos supuestos, el abandono e impago de pensiones con respecto al código anterior. Además, desaparecen las faltas en el incumplimiento de los regímenes de guardia y custodia o de las obligaciones familiares para convertirse en delitos.

Mañana será el turno de, entre otros ponentes, Julieta Moreno-Torres, asesora jurídica del Servicio de protección de menores de Málaga, Antonio Javier Pérez, magistrado del juzgado de Primera Instancia n°7 de Córdoba y Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco.