El diputado regional que participa en la Comisión Especial de Investigación de la Desaladora de Escombreras ha asegurado que, de momento, "ya tenemos bastantes indicios que apuntan a un fuerte vínculo entre la construcción de la desaladora y los planes de desarrollo urbanístico relacionados con el ladrillo".

Antonio Urbina ha explicado que se han ordenado nuevas comparecencias con un perfil más relacionadas con la Intervención y los aspectos jurídicos del entramado y que la información adicional solicitada "ayudará a conocer más de cerca los convenios del EPA con 26 ayuntamientos regionales, quienes parece que enlazaron Escombreras con el suministro de agua a nuevos proyectos urbanísticos"

Por ello, el parlamentario regional de Podemos ha apuntado a que "cada vez estamos más cerca de confirmar la hipótesis de que el agua de esta desaladora no era para los agricultores ni para la población de la Región de Murcia. Era para la burbuja inmobiliaria. Todo ello se hizo con un entramado de empresas que ha resultado en un coste para las arcas públicas cercano a los 600 millones de euros de aquí al año 2034 si no lo remediamos. La comisión de investigación, además de desvelar esta trama está intentando encontrar caminos para evitar ese lastre financiero".

Por último, Urbina ha añadido que se solicitará documentación relativa, si existe, a las negociaciones a las que se refirió Valcárcel en su comparecencia entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y ACS. Esto permitirá aclarar cuál fue el precio real, lo que ya se ha pagado y la posibilidad de comprar la desaladora por lo que realmente costó.