Esther Herguedas, miembro de la presidencia municipal de IU- Verdes y concejala del ayuntamiento de Murcia en las dos pasadas legislaturas ha valorado la sentencia del TSJ que anula el Plan Municipal de Infraestructuras de la zona norte como otra de las consecuencias indeseables de la etapa de "urbanismo a la carta"de Miguel Ángel Cámara y ha anunciado que en caso de confirmarse la misma exigirán responsabilidades por el perjuicio causado al municipio.

Herguedas ha recordado que este plan, valorado en más de 82,7millones de euros, está ejecutado tan solo parcialmente y no ha podido dar respuesta a la expansión urbanística actual del norte del municipio, tal y como demuestran las reiteradas inundaciones que se producen en zonas de Churra o Espinardo cada vez que llueve.

La sentencia, afirma Herguedas, no sólo sitúa los desarrollos urbanísticos del norte en una situación critica sino que además "supone un auténtico mazazo para los intereses municipales ya que viene a dar la razón a las empresas urbanizadoras firmantes de los convenios de la zona norte que afirman que con las compensaciones establecidas en los mismos por el aumento de edificabilidad ya quedarían eximidas de cualquier otra obligación".Según Herguedas, esto demuestra la negligente y desastrosa redacción de estos convenios realizada por Cámara y su camarilla, pues a la pérdida patrimonial por no realizar una justa valoración del incremento del valor de los terrenos objeto de convenio que ahora se investiga en el caso Umbra, (en que IU-Verdes ejercita la acción penal) ahora habría que añadir el resultado de tener que asumir el Ayuntamiento- es decir, todos los ciudadanos- el coste de las infraestructuras necesarias para esos desarrollos.

Herguedas tampoco ha querido pasar por alto el hecho de que precisamente sea una demanda de la mercantil Lo Navarro la que ha promovido esta la denuncia ante los tribunales y recuerda que fue otra demanda de esta misma empresa la que destapó todas las irregularidades del convenio Nueva Condomina. En aquella ocasión, la demanda se retiró a cambio de un pacto en el que Lo Navarro obtenía -vía convenio- tantos o más beneficios que Nueva Condomina y las irregularidades terminaron adquiriendo rango legal extendiéndose a todos los corruptos convenios de la zona norte. "De haber seguido adelante Lo Navarro con su denuncia-señala Herguedas- tal vez el convenio de Nueva Condomina no habría salido adelante y con el todos los que le siguieron y en este momento tampoco nos encontraríamos ante la situación de tener que asumir esta nueva deuda de más de 80 millones".

Por todo ello, desde IU-Verdes han anunciado que estudiarán el ejercicio o ampliación de acciones judiciales a fin de sean los responsables de esta tropelía y -no los ciudadanos-los que respondan penal y civilmente de las las las consecuencias de estos actos.