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El PSOE afirma que la historia de la Renta Básica es la de un incumplimiento continuado en cuantías y en ausencia de reglamento

La diputada Consuelo Cano indicó que en materia de Renta Básica el PP está haciendo de la necesidad, virtud y sigue anunciando acciones que no llegan

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Consuelo Cano valoró positivamente que por fin el Gobierno regional haya dado un giro en su voluntad de dar respuesta a miles de personas que están esperando la Renta Básica. Sin embargo, la principal asignatura pendiente sigue siendo la elaboración del Reglamento que desarrolle y establezca las garantías en el cobro de las prestaciones.

Esta mañana ha comparecido en la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social, el director gerente del Instituto Murciano de Acción Social, Miguel Ángel Miralles.

Consuelo Cano señaló que el PP "se escuda en la crisis" para justificar que ocho años después de que se aprobara esta Ley todavía no cuente con un Reglamento, pero "precisamente por esta circunstancia deberían haber agilizado los trámites, pues muchas personas lo han perdido todo. Por ello, una vez más urgió a que se presente dicho Reglamento".

La diputada manifestó que actualmente las personas beneficiarias de esta ayuda siguen cobrando 300 euros, una cantidad que supone el 60% del IPREM, cuando deberían cobrar el 80%, como lleva anunciando la consejera reiteradamente en los medios de comunicación.

"Nos alegramos del incremento de ese porcentaje, pero recordamos que hasta el 150%, que es el tope, queda un largo recorrido; y es que hemos pasado a tener las rentas más altas de las mínimas, como ha reconocido el señor Miralles".

La diputada socialista echó de menos en esta comparecencia mayor concreción en materia de inserción social y denunció que existe un peregrinagre de expedientes, que no se cierran hasta que están en el IMAS, lo que facilita que cuadren mejor las cuentas y supone una pequeña trampa contable.

Por último, anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para adaptar el contenido del artículo 7 de la Ley de Renta Básica a la edad real de jubilación, que se ha retrasado, en respuesta al espíritu de la propia Ley.

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