Además de la responsabilidad penal, también hay que depurar las responsabilidades políticas de los alcaldes de la Región
José Manuel López, responsable de Organización de miembro de IU-V-RM, ha manifestado hoy el apoyo de su formación política a la tesis que sostiene la Fiscalía de la Región en su informe sobre "prevaricación de las recalificaciones no autorizadas por la CHS". Un informe que, sostiene López, viene a coincidir en lo sustantivo y a dar la razón a las denuncias públicas que durante años realizó IU tanto en la Asamblea Regional como en muchos de los ayuntamientos que firmaron acuerdos con la desaladora de Escombreras.
Cabe recordar que para sortear (de manera ilegal) los informes negativos que entonces emitía la CHS sobre disponibilidad de recursos hídricos cada vez que algún Ayuntamiento intentaba revisar un Plan General o firmar un convenio Urbanístico, los alcaldes del PP comenzaron a utilizar, con el visto bueno del gobierno regional del PP, el aval que les daba el Ente Público del Agua. Así, se firmaron decenas de acuerdos entre los ayuntamientos murcianos y la EPA certificando la disponibilidad de agua procedente de Escombreras. Con esos acuerdos, ilegales según tiene ya declarado tanto el Tribunal Supremo como el TSJ de Murcia, se pasaban por alto los informes que emitía la CHS y se daba rienda suelta al "urbanismo a la carta" que ha presidido la política regional y municipal durante más de una década.
Han sido decenas los planes generales revisados en la Región y los convenios urbanísticos firmados en muchos municipios que han estado amparados en esa estrategia ilegal. Una estrategia que IU denunció en solitario en su día, y que hoy está suponiendo una ruina para muchos ayuntamientos a los que se les están anulando planes y convenios y a quienes se obliga a devolver grandes cantidades de dinero a promotores y especuladores de diverso pelaje.
Esa bancarrota municipal tiene, en opinión de López, unos responsables claros. Decenas de alcaldes del PP y dirigentes regionales de este partido. A todos ellos se debe exigir además de las responsabilidades penales que ahora intentarán depurar los tribunales de Justicia, la responsabilidad política que conllevaron sus decisiones de entonces.
Hay que recordar que muchos de esos alcaldes, algunos con bastón de mando y otros sin él, siguen sentándose hoy en los plenos de los ayuntamientos de la Región, y lo menos que tenían que hacer es dimitir por la opacidad con la que operaron, por la dejación de las funciones públicas del urbanismo, por imponer un urbanismo a la carta y de maletín que fue el mejor caldo de cultivo para corrupción y por la ruina económica que finalmente han generado en sus municipios.