El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha señalado que el fraude fiscal, “en buena medida” obedece a los criterios políticos del Gobierno puesto que “no encontramos una sola medida que en esa dirección haya tomado el actual ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez. No tiene un plan riguroso de Inspección Regional tal como evidencia el Informe de la Asociación de Técnicos de Hacienda y la Agencia Tributaria”.
Urralburu ha afirmado “no existe un plan activo de lucha contra el fraude” por parte del gobierno del Partido Popular. Sus medidas, según el parlamentario de Podemos, “se reducen a meras actuaciones de comprobación formal sobre los impuestos. La coordinación entre Haciendas es nula e inexistente y de todos es conocido que se ha dedicado a poner palos en las ruedas para que la Oficina de Prevención del Fraude en la contratación pública que hemos propuesto en la Asamblea funcione”.
Asimismo, Óscar Urralburu ha subrayado que el ejecutivo autonómico “no ha promovido ni una sola medida legislativa o reglamentaria para reducir la elusión fiscal más allá de los consabidos VMR que fundamentalmente afectan por la base a todos los contribuyentes y en especial a los que menos recursos tienen”.
El portavoz parlamentario de Podemos sostiene que hay que “atacar las fuentes del verdadero fraude en los tributos propios y cedidos, porque la lucha eficaz contra el fraude hubiese ayudado y ayudaría ahora a reducir la monstruosa deuda autonómica y a invertir presupuestariamente en las políticas sociales que demanda la ciudadanía y que Podemos ha demandado hasta la saciedad”.
Podemos viene reivindicando desde su programa electoral actuaciones contundentes en las verdaderas bolsas de fraude a nivel autonómico: actuaciones inspectoras conjuntas con la Agencia Tributaria estatal en materia de Impuesto de Patrimonio, investigaciones del patrimonio hereditario más allá de las autoliquidaciones que presentan los interesados a fin de comprobar la ocultación jurídica de bienes y las maniobras patrimoniales elusivas. Actuaciones inspectoras propias y conjuntas con la Inspección estatal en materia de juego, creación de una unidad de inspección especializada en Impuestos Medioambientales. Establecer junto con la Oficina de Prevención del Fraude, de nueva creación, actuaciones inspectoras en sobrecostes en la contratación de la administración autonómica y contratos realizados en fraude de ley o con maniobras elusivas de la LCSP, etc.
Por último, Óscar Urralburu ha añadido que el Partido Popular “se ha caracterizado por su inactividad a la hora de combatir las bolsas de fraude y sobrecostes en las obras y servicios públicos. De todos es sabido que en ellas se han generado las grandes bolsas de corrupción y de financiación ilegal de los partidos políticos. La lucha contra el fraude también se hace eliminando esa gestión ineficaz de la contratación pública que nos cuesta al año 48.000 millones de euros a todos los españoles”.