El Partido Popular ha registrado una moción en la Asamblea Regional, en la que solicita al Gobierno de la Región a que inste al Gobierno de la Nación a impulsar una regulación de las franquicias sanitarias con el propósito de reforzar los mecanismos de control que ayuden a evitar los fraudes que hemos conocido en los últimos meses, señala la diputada, Inmaculada González.

La iniciativa hace hincapié en que sean socios profesionales quienes estén al mando de las clínicas sanitarias lo que ayudará a que el servicio se preste bajo el conocimiento, la buena praxis y la aplicación de principios éticos profesionales expone Inmaculada González quien solicita también una regulación expresa de la publicidad sanitaria para evitar anuncios totalmente engañosos que supediten algo tan delicado como la salud de las personas al puro interés económico.

Inmaculada González pone de manifiesto la burbuja que se ha creado especialmente con la masiva apertura de franquicias dentales en los últimos años, y propone como sistema regulatorio la introducción del "numerus clausus" en las facultades de Odontología para ajustar la salida de nuevos profesionales a las demandas reales de la población.

Recientemente hemos conocido con datos aportados por el Colegio de Odontólogos que el número de denuncias por mala praxis ha aumentado en los últimos cinco años un 30% y que el carácter de franquicia dificulta a los pacientes la reclamación de responsabilidades cuando se producen situaciones de estafa o fraude. Asimismo ha advertido que el sector se encuentra absolutamente sobredimensionado en España y se privilegia el interés económico a la salud de los pacientes.

Recordemos que se han sucedido distintos cierres imprevistos de franquicias como Corporación Demoestética, Dental Line, Funnydent o la reciente detención de la cúpula de Vital Dent , que han dejado una situación de incertidumbre a miles de pacientes.

La diputada del PP en la Asamblea considera también importante el control de la publicidad relacionada con la promoción de productos, servicios y establecimientos sanitarios que a su juicio, debería estar regulada mediante criterios rigurosamente clínicos con el fin de proteger el derecho a la salud de la población. González añade que la Región de Murcia es una de las cinco Comunidades Autónomas españolas que dispone de una normativa concreta el Decreto n.° 41/2003 de 2 de mayo, que regula la publicidad sanitaria, una normativa que puede ser una buena base para la regulación que debe establecerse a nivel nacional.