El diputado regional de Podemos, Antonio Urbina, ha dicho que hoy el propio Bascuñana ha confirmado "que nunca hubo riesgo para abastecimiento humano en los ayuntamientos de la Región, y tampoco el Ente Público del Agua firmó convenios de abastecimiento para los agricultores"
Tras la comparecencia del que fuera Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, el parlamentario del grupo Podemos ha asegurado que hoy "se ve más claro que nunca" que la desaladora de Escombreras "fue realizada únicamente para atender los futuros planes urbanísticos que contemplaba el Gobierno Regional", dos de ellos (Alhama y Puerto Lumbreras) hoy anulados por el TSJ por no tener el certificado de la Confederación Hidrográfica para el suministro de agua.
Antonio Urbina ha manifestado que en la época en la que fue construida Escombreras "no había escasez de agua para consumo humano, lo ha dicho el mismo Bascuñana, y tampoco se había firmado ningún convenio para abastecer a los agricultores, por lo que se apuntala la idea de que el único motivo para construir la desaladora era el desarrollo urbanístico".
Asimismo, Urbina ha señalado que el modelo que el Gobierno Regional utilizó para levantar Escombreras "es un entramado de empresas de carácter privado que ha acabado generando una gran deuda pública". El motivo por el que, según el diputado de Podemos, se utiliza este método es porque "el ejecutivo del Partido Popular necesitaba construir una desaladora propia para apoyar el boom del ladrillo, y que el agua producida la gestionara el EPA, puesto que las desaladoras del Estado que había por entonces, y que funcionaban a menos de la mitad de su capacidad, sólo podían ser utilizadas para uso agrícola o para una demanda en tiempo real de consumo humano, nunca para avalar futuros desarrollos urbanísticos".
La comparecencia del entonces director general de Agua y ahora Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Sr. Rodenas ha venido a confirmar que el EPA asumió la carga de los contratos draconianos privados que arrastraba Desaladora de Escombreras en el momento de pasar a ser pública, así como el aval de 114 millones que se utilizó para financiar su construcción. El gerente del EPA no sólo no consultó al consejo de gobierno para asumir tan importantes cargas financieras para la Región, tampoco consultó al propio consejo de administración de la empresa.