El diputado regional, Antonio Urbina, ha afirmado que la comparecencia de Cerdá en la Comisión de Investigación de Escombreras permite concluir que la desaladora "se hizo para impulsar los desarrollos urbanísticos ligados al ladrillo y que en ningún momento el gobierno regional puso encima de la mesa los intereses de los agricultores".
"El ejecutivo del Partido Popular planificó la desaladora para dar agua al desarrollo urbanístico, nunca se pensó en el campo ni en los agricultores, aunque esperemos que si se consigue que produzca agua a un precio razonable sean ellos los que se beneficien", así lo ha reconocido abiertamente el ex Consejero Antonio Cerdá según ha dicho el diputado de Podemos, Antonio Urbina.
Y no sólo eso, ha añadido Urbina, "también hemos constatado que la gestión del gobierno regional de Valcárcel ha provocado grandes pérdidas de dinero público a todos los murcianos y murcianas, por la forma en la que hicieron los contratos, esquivando sacar el proyecto a concurso público".
También se ha constatado, según el diputado de Podemos "que en ningún momento se acudió a los servicios jurídicos de la CARM, o a la Auditoria Financiera de la Intervención Pública, todo estaba justificado por bufetes de abogados privados. Solo empiezan a aparecer los servicios jurídicos cuando ya es evidente que hay un agujero económico importante".
Asimismo, el diputado de Podemos ha añadido que ha habido "un mercado económico en el coste de la desaladora. La cifra que nos traen hoy de su valor es de 85 millones que ha elaborado una auditoria privada. No sabemos si será la última cifra, puesto que también tenemos el crédito de 114 millones de Banesto, un crédito avalado por la EPA. Un aval del que tenía conocimiento Cerdá, pero no ha dado una respuesta clara acerca de quién habilitaba al gerente de la EPA para dar por buenos los avales contraídos".
Además, tras la comparecencia de Cerdá, Urbina ha explicado que las cifras que maneja Podemos apuntan a que se han pagado ya en torno a los 101 millones de euros, 49 millones de Valcárcel, 22 de Cerdá y el desvío a través de ESAMUR en 2015 y 2016 de 15 millones cada uno, un precio muy cercano a lo que en principio se dijo que costaría la desaladora, y que por lo tanto indicaría que ya tendríamos casi pagada la desaladora. Si esta fuera una de las conclusiones de esta comisión ya sería perfectamente justificado haberla creado, y conseguiríamos una infraestructura que aporta agua a un precio razonable a nuestros agricultores".