El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional ha señalado que Valcárcel "ha hilado un discurso lleno de vaguedades y ambigüedades" que han generado más dudas acerca del papel que está jugando el expresidentes de la CARM, "que parece más cercano de los intereses de una constructora, que de la Región de Murcia".
Por su parte, Antonio Urbina, el diputado regional que ha intervenido en la comisión, ha afirmado que Valcárcel no ha respondido a las preguntas sobre la implicación directa del consejo de gobierno, o indirecta "por dejación de responsabilidades de la CARM".
"Se ha dedicado a leer artículos de leyes y esquivar las principales preguntas, que intentaban esclarecer el proceso por el cual un grupo de empresas privadas de ACS acaban obteniendo un beneficio enorme a costa de grandes pérdidas de las empresas públicas, y todo ello en relación a uno de los grandes problemas de la región, el déficit hídrico, a cuya solución deben contribuir las desaladoras, siempre que se pague un precio justo por ellas", ha añadido Urbina.
Asimismo, el diputado de Podemos ha querido dejar claro que el ex presidente no ha contestado acerca de la falta de informes de los servicios jurídicos o de la Intervención General de la CARM, que "emitieron valoraciones muy negativas sobre la situación de las dos empresas públicas (Desaladora de Escombreras S. A. y Hidronostrum S. A) que le llevó a no hacer una valoración contable debido a la falta de información o dudas sobre su viabilidad".
Tampoco ha respondido, tal y como ha explicado Urbina, al motivo por el cuál el Consejo de Gobierno autoriza que se firme un contrato por el que el pago no está sujeto al servicio de aguas, sino que se paga una cantidad de casi un millón de euros al mes al suministrador, ya se produzca o no esa agua.
Urbina ha señalado que Podemos trabaja para que a través de "debilidades o defectos de forma, pueda librarse la CARM de la losa que pesa sobre sus cuentas, un millón de euros al mes que cuesta a todos los murcianos y murcianas. La desaladora costó 111 millones de euros y es una irresponsabilidad por parte de la CARM que haya dos contratos que establezcan compromisos de pago hasta 2034 de más de 600 millones".
Por último, Antonio Urbina también ha querido subrayar el hecho de que si hay un acuerdo en 2011 en el que el Consejo de Gobierno acuerda rescindir y disolver las dos empresas públicas relacionadas con Escombreras, "por qué esto no se ejecuta, en 2012 se hace una prórroga, y tampoco se cumple".
Para el Grupo Parlamentario Podemos, hay que trabajar en la línea de "revertir el compromiso de pago, que se revalúen estos contratos para ver si la desaladora está o no pagada y que se ponga en marcha un precio justo de agua desalada quitando los costes de amortización que son injustos".