La Consejería de Presidencia ya ha iniciado una ronda de contactos con una veintena de colectivos afectados por la futura Ley de espectáculos públicos de la Región de Murcia, con el objetivo de alcanzar un texto de consenso previo a la tramitación administrativa de la citada norma. Así lo anunció hoy la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo regional quiere contar con las aportaciones de todos los colectivos a través de un proceso de participación técnica, que se enmarca en la política de 'Gobierno abierto' que impulsa el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, a través de una Administración regional cercana a los sectores involucrados específicamente en las iniciativas regionales.

El objetivo del Gobierno regional es ofrecer cobertura legal y reforzar la seguridad de los ciudadanos ante el aumento en los últimos años, tanto en volumen como en naturaleza, de espectáculos y establecimientos públicos y de actividades recreativas realizadas en la Región.

Por ello, será una regulación acorde a las necesidades cambiantes de la sociedad. Además, servirá de cauce a la iniciativa particular sin perder de vista la necesidad de velar por el interés general representado, en todo caso, por el principio de seguridad como piedra angular del modelo.

La nueva norma repercutirá positivamente en todos los sectores implicados en el desarrollo de espectáculos públicos, establecimientos públicos y actividades recreativas, es decir, ciudadanos y público asistente, empresarios, promotores, organizadores y administraciones.

Catálogo de espectáculos públicos

Así, se definirá por primera vez el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, y se establecerá que este tipo de actividades dispongan de planes de autoprotección específicos, de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, así como de un dispositivo sanitario y de vigilancia, además de medios electrónicos de verificación de aforo.

Por otra parte, la futura Ley contemplará la posibilidad de establecer horarios teniendo en cuenta las zonas residenciales que propongan los ayuntamientos. Asimismo, su finalidad es defender los derechos del usuario mediante la información obligatoria en los accesos de los establecimientos, tales como el tipo de licencia, aforo, horario de apertura y cierre, entre otros.

En definitiva, se trata de reforzar la seguridad de los ciudadanos ante este tipo de actividades y compatibilizar la actividad económica que generan con el derecho de los vecinos.