José Antonio Campos critica que Rajoy y el PP nacional y de la Región han puesto patas arriba la sanidad intentando privatizarla, mientras se siguen cerrando plantas de hospitales y despidiendo personal.

El secretario general de las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, José Antonio Campos, ha denunciado que el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ha sido "una precipitada cortina de humo que ni garantiza nuestros derechos, ni sostiene nuestro sistema de salud público."

El dirigente de JSRM ha indicado que Rajoy, en solo una legislatura, ha puesto patas arriba la sanidad española con recortes en profesionales, externalización "galopante" de servicios, exclusión sanitaria y copagos.

Esta semana se conocía la derivación de 1.799 pacientes a centros privados para "reducir" las largas listas de espera en la sanidad murciana. Ante esta situación, Toñi Abenza, secretaria de movimientos sociales de la organización, señala que el verdadero motivo de estas derivaciones no es otro que continuar con el encubierto intento privatizador de la sanidad pública murciana, con la excusa de que está colapsada, mientras se siguen cerrando plantas de hospitales y despidiendo personal sanitario.

"El aumento en las listas de espera, el deterioro de la sanidad pública y el aumento de las desigualdades, así como la exclusión sanitaria en nuestro país y en nuestra Región son el resultado de políticas como éstas", ha añadido la secretaria de sanidad de JSRM, Tanya Ros.

Desde 2012 se estima que se han quedado sin tarjeta sanitaria en torno a 750.000 personas, entre las que se encuentran jóvenes españoles de más de 26 años que nunca han cotizado, por ser estudiantes o por trabajos precarios sin ser dados de alta, o aquellos que buscan trabajo fuera y, a la vuelta, se encuentran anulada su tarjeta sanitaria.

"Estos jóvenes están siendo excluidos de un derecho constitucional que debería garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a la sanidad", ha destacado Campos.

"Este Real Decreto es una violación de derechos constante, que excluye y vulnera la salud y el bienestar de aquellos que más lo necesitan, que son los pacientes. Lo que era un derecho, ahora es un privilegio", han concluido.