El grupo parlamentario ha presentado una ley en la Asamblea Regional por la que se propone la creación de esta agencia para que sea un órgano adscrito a la Cámara. Trabajará para prevenir, erradicar e investigar, por iniciativa propia o por denuncia de un funcionario o la ciudadanía en general, a aquellas personas, físicas o jurídicas, que gestionen contratos con la administración o reciban subvenciones públicas.

El objetivo es, tal y como ha explicado el portavoz parlamentario, Óscar Urralburu, establecer medidas para prevenir la corrupción y el fraude. Su trabajo se inicia previo análisis de los hechos denunciados por particulares, funcionarios o instituciones y personas jurídicas, públicas o privadas. La Agencia, además, siempre podrá iniciar de oficio el procedimiento de investigación, cuando así lo justifique la información que pueda obtener en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, ha afirmado la diputada María Giménez, "la Agencia contribuirá durante la instrucción a proteger a las personas que denuncien conductas sospechosas de corrupción o prácticas irregulares de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Su finalidad es evitar que se produzcan conductas de aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales y profesionales, por haber defendido los valores cívicos de nuestra sociedad".

Su ámbito de actuación abarca al conjunto de instituciones que conforman la Comunidad Autónoma. Por último, la Agencia puede actuar sobre empresas y entidades privadas y personas físicas cuando gestionen servicios públicos, ejecuten obras públicas o reciban subvenciones.

La agencia cooperará con las comisiones parlamentarias de investigación, como la de Escombreras, Corvera o la del 'caso Auditorio y la del Estatuto del Diputado, en la elaboración de dictámenes sobre asuntos que se estén tratando en dicha comisión. También podrá elaborar informes especiales por encargo de las mismas.

Giménez ha incidido en que la Oficina también tendrá carácter sancionador, puesto que se definen las infracciones, se califica su gravedad y se establecen las sanciones correspondientes. "La experiencia nos indica que las meras recomendaciones, y el reproche público es insuficiente. Por este motivo la ley fija sanciones atribuyendo esta competencia a la Dirección de la Agencia o impeliendo a las autoridades competentes en materia disciplinaria a que las ejerzan", ha dicho la diputada de Podemos.

Los resultados de la actividad desarrollada por la Agencia, que pasarán por la rendición de cuentas a la ciudadanía de la Región de Murcia y a la Asamblea Regional, con la elaboración de una memoria anual y su remisión a la cámara legislativa. No obstante, el/la Director/a de la Agencia emitirá dos informes semestrales que den cuenta de las actividades desarrolladas por la Agencia en cumplimiento de sus funciones de prevención e investigación, control y evaluación.

La Oficina será dirigida por una Directora o Director que ha de ser una persona independiente y de probada solvencia elegida por la Asamblea Regional, no puede estar adscrita a ningún partido político, sindicato, asociación profesional o empresarial. Debe ser elegido por 3/5 partes de la Cámara.

Por su parte, al personal empleado en la Agencia se le aplicará la normativa general del empleado público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, respetando siempre los principios de publicidad, mérito y capacidad para la provisión de los puestos de trabajo. Asimismo se contempla el régimen especial de incompatibilidades aplicables al personal vinculado a ella, así como su régimen presupuestario.