El diputado socialista, Alfonso Martínez Baños, ha conseguido esta mañana el apoyo de los grupos de la Cámara para que se cree una ponencia para revisar la Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.

Martínez Baños indicó que el pasado 30 de marzo se aprobó la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, a toda prisa como proposición del Grupo Popular y no como proyecto de Ley del Ejecutivo, para evitar someterla al análisis del Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social.

"Está Ley fue aprobada en solitario por PP en la última semana del periodo legislativo anterior sin las garantías jurídicas necesarias, ni siquiera fue debatida en el Pleno de la Asamblea, ya que el PP la sacó adelante en la Comisión de Política Territorial".

El diputado socialista precisó que se trata de una Ley muy compleja que debería haberse tramitado con todas las garantías jurídicas, con los informes preceptivos y con la participación de los Ayuntamientos y los agentes sociales y medioambientales. "La política territorial del Gobierno regional deja mucho que desear, carece de planificación y genera inseguridad jurídica".

El Gobierno de España ha apreciado indicios de inconstitucionalidad en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Como paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad se ha creado una Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los aspectos en los que el Gobierno de España ha apreciado indicios de inconstitucionalidad están en varios artículos de la Ley que tienen que ver con el llamado "tele-transporte", por el tanto por ciento de suelo destinado a vivienda en régimen de Protección Pública o la valoración de las expropiaciones para suelo con función social, etc.

"En la Región de Murcia se ha convertido la ordenación del territorio en un puzle de 45 piezas de difícil encaje, donde cada municipio ha ido ordenado su territorio sin ningún tipo de criterio supramunicipal, económico, social o medioambiental y las consecuencias han sido las que todos conocemos: un urbanismo a la carta, que ha plagado a la Región de urbanizaciones fantasmas o lo que es peor, de innumerables casos de corrupción urbanística".

Para Alfonso Martínez Baños "es necesario realizar una revisión en profundidad de la Ley 13/2015 para garantizar la Constitucionalidad de la misma, a fin de que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía en general y a un desarrollo sostenible del territorio de la Región de Murcia", concluyó.