Esther Herguedas, miembro de la Presidencia Regional de IU-Verdes, ha señalado hoy que la enorme brecha, de más de un treinta y tres por ciento, que el precio del agua potable en la Región tiene respecto al resto del país es producto de la implementación durante décadas de políticas erróneas en torno al agua potable, tanto de los ayuntamientos murcianos como de la propia Comunidad Autónoma.

Se trata, en opinión de Herguedas, de "una muestra más, ni mucho menos la única, de cómo ha funcionado en la región de Murcia la socialización de las pérdidas de los negocios privados y la privatización de las ganancias de los servicios públicos".

Para Herguedas, que "los murcianos paguen el agua que sale por el grifo un 33% más cara que el resto de usuarios españoles trae causa de la escalada especulativa en torno al ladrillo que presidió la década pasada, con la construcción de desaladoras que supuestamente atenderían esa demanda irreal e inflada que proyectaba crecimientos desaforados de la población de la Región, y cuyos costes de construcción, mantenimiento y infraproducción hoy pagan todos los ciudadanos en los recibos".

"No sólo fue la desaladora de Escombreras, uno de los grandes negocios de Florentino Pérez en la Región de Murcia, también otras que se construyeron en el litoral de la Región y que vamos a tener que pagar durante años".

Además de las desaladoras, IU-Verdes también responsabiliza de la carestía del agua potable a la privatización de los servicios públicos de abastecimiento realizada durante las dos o tres últimas décadas en la práctica totalidad de los ayuntamientos de la Región, y en la que participaron tanto los gobiernos del PP como los del PSOE.

Una privatización que, según Herguedas, ha dejado en manos de empresas foráneas, que sólo buscan su rentabilidad económica y que apenas se marcan objetivos sociales, un servicio público esencial.

Por último, y a resultas de esa privatización, en muchos de los municipios de la región de Murcia, la tarifa del agua que se gira a los ciudadanos tiene una naturaleza jurídica ilegal, la de precio público o privado, que la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional ha impugnado sin que los ayuntamientos murcianos estén cumpliendo la legalidad, toda vez que esa tarifa debería girarse a los vecinos como una "tasa", y no como un "precio", y por lo tanto, nunca podría superar en su montante global el coste real del servicio.