La diputada regional socialista Consuelo Cano ha pedido a la consejera de Sanidad "que dé instrucciones a los servicios sanitarios para restablecer de inmediato las prestaciones sanitarias a todos los habitantes de nuestra Región".

Para la diputada, "las exigencias técnicas sanitarias de gestión y organización necesarias, por otra parte indiscutibles, pueden adecuarse con posterioridad, no son tan urgentes como para obstaculizar la atención que se demanda desde ya", por lo que las dudas del Gobierno regional en materia de atención sanitaria a los inmigrantes son, en su opinión, improcedentes e injustas.

Cano ha subrayado que la atención sanitaria a inmigrantes es, ante todo, una cuestión de Derecho Humanitario Internacional, "no se trata de una decisión graciosa del Gobierno de España o de la Región de Murcia, o de cualquier otra comunidad". Y ha recordado que esos compromisos, que no admiten demoras, están rubricados en tratados de derecho internacional suscritos por nuestro país.

Por ello, la responsable socialista ha criticado al Gobierno regional y su decisión de esperar "las directrices de Madrid" en materia de atención sanitaria a inmigrantes.

"Pedro Antonio Sánchez afirmó hace unos días que por encima de todo están las personas, y los inmigrantes son personas que buscan una oportunidad, no podemos negar esa realidad. Su consejera de Sanidad, aseguraba un día antes que los inmigrantes sin papeles volverían a tener asistencia sanitaria completa. Y ahora, tras las declaraciones del ministro de Sanidad corrigiéndoles en sus intenciones les entra el miedo y divagan o, lo que es peor, amenazan con otra comisión de expertos, e inician la ya aprendida senda de dilataciones, y confusión para diluir las anteriores decisiones en el humo de siempre", ha señalado.

"Para los socialistas, la salud de la población no debería ser materia contenciosa electoral", ha insistido Consuelo Cano, para quien es vergonzoso que este asunto se despache por barrios, "aquí se atiende, aquí no", mientras que se deja a los profesionales de la sanidad para que les nieguen el pan a las personas necesitadas, contraviniendo la esencia de su vocación y juramento.

"Si la obligación de atender a la población inmigrante nos vincula con acuerdos signados por nuestro país como miembro de la ONU, no es posible entender cómo se duda a estas alturas sobre si se les atiende o no. El Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno del Partido Popular en el año 2012 bordeaba peligrosamente esos acuerdos internacionales, un Gobierno al que parecen preocuparle, sobre todas la cosas, los acuerdos económicos de la Unión Europea", ha concluido.