La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Casalduero, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que reclama la reducción del tipo del IVA aplicable a bienes y servicios culturales. En concreto, solicita al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a que establezca con carácter urgente un tipo de IVA cultural del 5%; que se proponga y defienda, en el seno de las Instituciones de la Unión Europea, el establecimiento de un IVA para la Cultura armonizado en todos los países.

En Julio del año 2012, el Gobierno del Partido Popular anunció una subida generalizada del IVA que, además, implicaba el cambio de la consideración del Impuesto Sobre el Valor Añadido sobre los bienes y servicios culturales. Casalduero recuerda que de esta forma, a partir del 1 de septiembre de 2012, actividades como el cine, el teatro y las obras plásticas, sufrieron un incremento de 13 puntos en el IVA, pasando del 8% al 21%.

"Hasta septiembre de 2012, el IVA cultural en España estaba en la media europea, con un 10%. Al subirlo, nuestro país ha pasado a estar en la franja más alta de Europa, a pesar de que hasta ese momento la Cultura generaba cerca del 4% del PIB en España, siendo un sector estratégico para la economía española, un maltrato inadmisible al público y al sector".

La viceportavoz socialista señaló que esta desorbitada subida del IVA a la cultura ha tenido consecuencias muy negativas, "no sólo para la actividad económica del sector sino también para las cuentas públicas".

España es el país europeo con el IVA cultural más alto. En Francia es de un 5,5%, en Alemania se aplica un 7%, en Grecia un 6,5%, en Italia un 10%, en Portugal un 13%, en Holanda un 6%, en Finlandia un 10%, en Irlanda un 9% y en Noruega se protege el directo aplicando un 0%.

"Desde el Partido Socialista advertimos las consecuencias tan negativas que tendría esta desmesurada carga impositiva", indicó Isabel Casalduero; y es que desde que el PP implantará esta medida confiscatoria, los datos apuntan a que se ha producido una pérdida constante de público (en torno al 30%), una drástica reducción de la capacidad de producir nuevos contenidos, traducida en elevadas cifras de paro y precarización laboral, pérdida de tejido empresarial, cierre de cines, bajada de un 22% de recaudación, y, por supuesto, mayor dificultad en el acceso de la ciudadanía a la cultura.