Ecologistas en Acción alerta desde hace décadas de que la connivencia de las administraciones públicas frente al urbanismo ilegal en zonas sensibles incrementa sobremanera la probabilidad de incendios y agrava sus consecuencias

El incendio acontecido ayer y esta madrugada en unas 50 hectáreas del Puerto del Garruchal, limítrofe con el Parque Regional de Carrascoy y el Valle, ha afectado a la zona de protección especial, ZEPA, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269) y pone de manifiesto esa peligrosidad evitable. 

Las administraciones competentes, en este caso la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia, han permitido durante décadas la edificación ilegal de viviendas unifamiliares, básicamente de segundas residencias, en zonas forestales de especial importancia y sensibilidad ambiental.

Ésto ocurre en toda el área de la Sierra de Columbares, en el municipio de Murcia, pero particularmente en los alrededores de la Camino de Los Puros, un área de especial importancia en lo referente a biodiversidad. Es por ello que está declarada ZEPA y alberga multitud de Hábitats de Importancia Comunitaria, muchos de ellos Prioritarios. El Búho Real (Bubo bubo) es el principal objetivo de esta protección, aunque también es destacable la presencia de otras rapaces como el Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Águila real (Aquila chrysaetos), Águila calzada (Hieraaetus pennatus), Águila culebrera (Circaetus gallicus) y Halcón peregrino (Falco peregrinus), incluidas a su vez en el Anexo II de la Directiva Hábitat.

En infinidad de ocasiones Ecologistas en Acción ha manifestado que la proliferación de edificaciones ilegales tiene consecuencias muy graves para la conservación, por no hablar de la mejora, de espacios como la Sierra de Columbares, de tal valor medioambiental que muchos de sus hábitats y especies silvestres, tanto de flora como de fauna, forman parte de las listas prioritarias de conservación y protección de la UE. En vez de permitir su destrucción y el aumento de su vulnerabilidad y fragmentación, las administraciones deberían velar por el buen estado ecológico de este enclave, también de gran importancia histórica y cultural.

Asímismo la organización reclama agilidad en la investigación sobre el origen y la motivación del incendio de El Garruchal para determinar si éste ha sido una negligencia o intencionado. En cualquier caso, es imprescindible que se identifique a los responsables, se pongan a disposición de la Justicia para evitar la impunidad que suele acompañar a estos casos.

Finalmente, la organización ecologista lamenta que han pasado 12 años desde que se presentó la Estrategia Forestal y aún no se ha aprobado, ni tampoco la Ley de Montes regional, sempiterna promesa del gobierno del PP en sus sucesivos programas electorales.