El documento detalla la revisión de un servicio público que nació para garantizar el derecho a la información de todos los murcianos, y apuesta por un modelo que blinde su independencia y que haga de la radiotelevisión pública un medio de calidad y abierto a los ciudadanos.

El decálogo de medidas defiende además la readmisión de los trabajadores despedidos en el ERE de RTRM y exige una administración eficiente y transparente en el sector audiovisual regional, servicio público que en el ámbito europeo se utiliza para medir la calidad democrática.

La manipulación política, la errática gestión profesional y la nefasta planificación de sus recursos han provocado en los últimos años el empobrecimiento de formatos y contenidos en los medios públicos de la región.

En el transcurso de esta campaña electoral juzgamos relevante obtener el compromiso de los distintos partidos de apostar por un cambio radical en este modelo, asumiendo una posición general de mínimos que se resume en el decálogo de medidas que ha sido negociado durante las últimas semanas con los candidatos de las seis principales formaciones que concurren a los comicios autonómicos del próximo domingo.

Una vez que todas ellas se han pronunciado, el sector de Medios de CCOO-RM hace constar que sólo tres de estas formaciones (Ganar Región de Murcia; Podemos Región de Murcia y Partido Socialista de la Región de Murcia-PSOE) apuestan claramente por la democracia, la transparencia y la valentía en la defensa del servicio público de comunicación, asunto que definitivamente no interesa ni al Partido Popular, ni a Ciudadanos, ni a UpyD

En cuanto al contenido del decálogo, ha sido adaptado a la realidad de cada autonomía, y en el caso de la región de Murcia se define en los siguientes puntos:

1. La consideración de los medios audiovisuales en general, y de Radiotelevisión de la Región de Murcia en particular, como el instrumento para la expresión del derecho de la ciudadanía a una información veraz y plural y el acceso universal a contenidos de calidad, formativos, de divulgación cultural y de entretenimiento digno.

2. Una modificación radical de la ley autonómica que regula el sector, considerando dentro de ella todos los contenidos audiovisuales que se difunden a través del espacio radioeléctrico, afectando por tanto a las telecomunicaciones.

3. La recuperación de la capacidad productiva y de servicio al ciudadano de la Radiotelevisión de la Región de Murcia y la readmisión de los despedidos del ente público.

4. El cese del proceso de privatización y de las amenazas contra las radiotelevisiones públicas, RTVE, las autonómicas y las locales, y en el caso de Murcia especialmente el centro territorial de RTVE y Radiotelevisión Región de Murcia, estableciendo por ley de manera clara su carácter de servicio público esencial a la comunidad, protegiendo especialmente a las emisoras de radio amenazadas por una gestión errónea de las sinergias profesionales.

5. La consideración taxativa del espacio radioeléctrico como espacio público objeto de preservación por parte de la administración pública.

6. Dotar a las empresas públicas de radiotelevisión de financiación estable y suficiente, que garantice su viabilidad y las libere del endeudamiento permanente, así como una gestión económica transparente.

7. Velar por unas condiciones laborales y salariales dignas y por el cumplimiento de los Convenios Colectivos en todo el sector y establecer mecanismos de participación de los/las trabajadores/as en la gestión económica y organizativa de las empresas.

8. Asegurar la participación e interacción de la ciudadanía, tanto en una adecuada cuota de la programación como en la defensa de sus derechos como audiencia, desarrollando mecanismos que garanticen el derecho de acceso a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, de la ciudadanía, de las asociaciones políticas, los sindicatos y los colectivos sociales y cívicos.

9. La protección por ley de los archivos audiovisuales históricos del centro territorial de CRTVE en Murcia, así como de Radiotelevisión Región de Murcia y radiotelevisiones municipales, estableciendo su propiedad pública perpetua y el libre acceso de la ciudadanía.

10. Establecer, por ley, la obligación de la objetividad y la pluralidad en los medios audiovisuales de titularidad pública y constituir los organismos de control necesarios y efectivos para su vigilancia. Generalización a todas las radiotelevisiones del Estatuto Profesional de los/as trabajadores/as del sector audiovisual.