El compromiso alcanzado pone más de 300 viviendas a disposición para alquiler social

El consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, aseguró hoy, con motivo de la firma con las entidades Banco Mare Nostrum, Banco Sabadell y Cajamar-Caja Rural del convenio de colaboración para prevenir los desahucios que "la voluntad de atajar las situaciones injustas derivadas de los desahucios es un compromiso firme del Gobierno de la Región y de las entidades que suscriben este acuerdo, como lo es de los ayuntamientos y los colegios profesionales que se brindaron a colaborar en la tarea de preservación del derecho a un techo digno".

Bernabé indicó que el acuerdo, primero en su género que se firma en España entre una Administración pública y las entidades financieras, "crea las líneas de colaboración necesarias para establecer vías y medios de intermediación hipotecaria, con el propósito de evitar la ejecución hipotecaria, aminorar el sobreendeudamiento hipotecario y salvaguardar la vivienda, señalando los cauces precisos para garantizar, en todo caso, el acceso a una vivienda de alquiler social a quienes lo necesiten".

El consejero de Fomento recordó también que las entidades firmantes se comprometen a encontrar una solución a los casos de ejecución hipotecaria a través de la reestructuración o rehabilitación del préstamo hipotecario, la reducción o quita de la deuda, la dación en pago, la conversión del préstamo en un contrato de alquiler, la venta del inmueble por el deudor, la suspensión del alzamiento en atención a los colectivos especialmente vulnerables o el alquiler social.

A este respecto, el titular de Fomento puso de manifiesto que "entre las tres entidades firmantes se pone a disposición una bolsa de algo más de 300 viviendas para alquiler social, sin perjuicio de la acción que ya desarrollan todas ellas para impedir que se llegue al alzamiento de los ocupantes de una vivienda, y ofreciendo alternativas asumibles por los afectados".

Francisco Bernabé, que agradeció a las entidades firmantes "su excelente disposición y su determinación de encontrar una solución a los casos de ejecución hipotecaria que se planteen", incidió en que los destinatarios de la actuación del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda son "los propietarios de una vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente, que puedan verse afectados por una situación sobrevenida de insolvencia respecto al préstamo hipotecario y, por tanto, se encuentren en riesgo de ejecución hipotecaria cumpliendo, además, una serie de requisitos de carácter económico que evidencien su estado de necesidad".

Condiciones económicas

Estos requisitos son que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples; que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas; que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar; que se trate de un crédito o préstamo que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma; y que el precio de adquisición de la vivienda habitual sea inferior a 300.000 euros.

Bernabé invitó a sumarse al convenio a otras entidades financieras "porque la extensión del compromiso al mayor número de ellos multiplicará el alcance y la eficiencia del servicio que se pretende prestar a los ciudadanos". Igualmente, resaltó "el gran avance que se ha producido en estos últimos meses con los acuerdos firmados, plasmación evidente de la convicción de que es posible perfeccionar y reforzar el marco de protección de los deudores que, a causa de circunstancias excepcionales fruto de la situación económica, han visto alterada su situación patrimonial y se han encontrado en una situación merecedora de protección".