Con fecha 2 de febrero de 2015, y como resultado de las Diligencias de Investigación 88/2013, el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presentó querella dirigida, entre otros, contra PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ, por entonces Consejero Autonómico de Cultura, Educación y Empleo, así como Diputado de la Asamblea Regional, en relación con la licitación, adjudicación, construcción y recepción de las obras de un auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, del que era alcalde Pedro Antonio Sánchez. Dichas obras fueron abonadas por más de 5,5 millones de euros y sin embargo, continúan sin terminar a día de hoy. En dicha querella se imputaba la posible comisión, en cuanto a dicho aforado se refiere, de los delitos de:

Delito continuado de prevaricación, del Art. 404 en relación con el 74.1 del Código Penal (en adelante CP).

Malversación de caudales públicos del Art. 432.1 del CP.

Prevaricación en concurso medial con un delito de fraude contra la Administración, del Art. 436 en relación con el Art. 77 del CP.

Falsedad en documento oficial del Art. 390.4 del CP.

Recibida esa querella, el TSJ dictó un Auto en el que, admitiendo su competencia, reconoció el carácter de aforado de Pedro Antonio Sánchez, así como la existencia de numerosos indicios de criminalidad contra él. Sin embargo, el TSJ decidió enviar TODO EL PROCEDIMIENTO, incluido lo que afecta al aforado, al Juzgado de Instrucción de Lorca, competente por el territorio. Esa decisión cuenta con un voto particular de otro Magistrado, el señor Don Manuel Abadía, que afirma que esa decisión no tiene sentido desde el punto de vista jurídico, puesto que la competencia es del TSJ, y era ese órgano el que debía empezar a instruirlo directamente, imputando al aforado.

El Ministerio Fiscal recurre ese Auto, ante la misma Sala, pidiendo que se declare la competencia del TSJ y que inicie a instruir, imputando al aforado.

La Sala dicta un nuevo Auto, en el que interviene el nuevo Presidente del TSJ en lugar del anterior, en el que, con argumentos muy similares a los del primer Auto, vuelve a decidir que lo remite a los juzgados de instrucción de Lorca, a pesar de la existencia de indicios de criminalidad relacionados con la actuación del aforado. De nuevo hay un voto particular del magistrado Don Manuel Abadía, que insiste en que es un dislate jurídico, y que la Sala se está apartando de lo previsto por la Ley, al no iniciar directamente la instrucción.

Para entender la justificación de esas dos resoluciones, contrarias a lo previsto legalmente, hay que saber en qué momento se producen. El primer Auto es de 2 de marzo, cuando se están decidiendo los candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, con lo que esa resolución dejaba al candidato en un limbo judicial, evitando su imputación directa por el TSJ. El segundo Auto, el que resuelve el recurso contra el primero, tiene fecha 23 de abril, con el candidato ya proclamado, con lo que se aseguraba una campaña electoral tranquila, evitando la imputación de Pedro Antonio Sánchez, ya proclamado candidato del Partido Popular.

Entendiendo que esas resoluciones no obedecen a las previsiones legales y que poseen un claro sentido político, Podemos interpone esta querella contra los tres magistrados del Tribunal Superior de la Región de Murcia con el objeto de que clarifiquen la base jurídica de las decisiones adoptadas y, si fuera el caso, asuman las responsabilidades legales que de ellas se deriven.