IU-Verdes-AS/Ganar la Región ha incorporado al programa electoral con el que concurrirá a las elecciones del 25 de mayo las propuestas incluidas en el compromiso de la Coordinadora Regional de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Murcia.

La coalición ha destacado la necesidad de poner en marcha las medidas planteadas por la Coordinadora, al objeto de garantizar el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución Española, la Carta Europea de Derechos Fundamentales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El compromiso plantea que todos los edificios de la Región estén sujetos al pago del IBI correspondiente, con independencia de su uso y de quien sea su propietario, así como la creación de un impuesto a la vivienda desocupada, de manera que se graven los bienes que no cumplan con la función social de la vivienda.

"Es decir, que se graven los bienes que fueron creados con fines en realidad especulativos, con el coste social que supuso la creación de infraestructuras, servicios y una ordenación del territorio alejada de los intereses generales".

La Coordinadora también propone la creación de la Agencia Regional de Vivienda, para la elaboración de un censo de viviendas desocupadas, el cobro del impuesto, la gestión de viviendas en alquiler social, el apoyo a las familias en trámite de ejecución hipotecaria y en riesgo de desahucio.

Además, el compromiso contempla medidas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la PAH que la Mesa de la Asamblea Regional rechazó, y que contempla la creación de una proposición de ley para asegurar la función social de la vivienda en el ámbito regional.

Esa proposición, que contó con el apoyo de IU-Verdes en el Parlamento autonómico, plantea, entre otros, la garantía de la Administración público al acceso sin restricción a los suministros básicos vitales para los ciudadanos que por la crisis han perdido su empleo.

Además, contiene medidas específicas en relación con las entidades bancarias y la bolsa de viviendas deshabitadas, para que sean puestas a disposición de los ciudadanos que han perdido su vivienda por la crisis, incluyendo medidas de expropiación del uso de las viviendas de las entidades financieras en el proceso de ejecución hipotecaria.

Esta propuesta fue puesta en marcha por la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, de IU, la pasada legislatura, pero el Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

El candidato de Ganar la Región de Murcia a la presidencia de la Comunidad Autónoma, José Antonio Pujante, ha recordado que la Comisaria Europea de Justicia confirmó a la eurodiputada de IU Marina Albiol que España será sancionada si no adapta su legislación hipotecaria a la legislación comunitaria, más favorable al deudor que al prestamista.