El consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, anunció hoy que el Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia se sumará al convenio para participar en el funcionamiento del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, que fue suscrito el pasado 25 de marzo con los colegios profesionales de abogados, procuradores, economistas y agentes de la propiedad inmobiliaria y con la Federación de Municipios, y que tiene por objeto impedir la pérdida de la vivienda única a causa de un procedimiento hipotecario, por parte de familias de escasos recursos económicos.

Bernabé calificó de "fundamental" la ayuda que van a prestar en las labores de mediación los graduados sociales, y aseguró que "van a mejorar en mucho la efectividad de la acción que se lleva a cabo desde el Servicio de Orientación, ya que nos permiten avanzar en la detección del problema por ser, con frecuencia, los primeros conocedores de una situación de insolvencia que puede desembocar en un procedimiento de desahucio".

"De esta forma, van a adelantarse en muchos casos a ese procedimiento dando noticia de la situación al Servicio de Orientación y Mediación y, en consecuencia, poniendo en marcha el protocolo a seguir para tratar de impedir la pérdida de la vivienda habitual, ofreciendo a quienes lo necesitan asesoramiento, proponiéndoles planes económicos, renegociando la deuda o alargando los plazos, y logrando poner remedio a la situación evitando, en muchos casos, la demanda", explicó el consejero.

Francisco Bernabé reiteró que el propósito es "llegar a más personas brindando un servicio eficaz y certero, impidiendo que se consume la pérdida de la vivienda única por parte de quienes cuentan con recursos escasos o, cuando se haga necesario, poniendo a su disposición otro hogar a través del alquiler social".

Para acceder al servicio, los interesados han de reunir una serie de condiciones, entre las que se encuentra la exigencia de un determinado nivel de renta; una alteración significativa de las circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los últimos cuatro años; una cuota hipotecaria que resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar; que se trate de la única vivienda en propiedad del deudor; o que el precio de adquisición de la vivienda habitual al que se encuentra referida la hipoteca sea inferior a 300.000 euros.