La Consejería de Agricultura y Agua, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, ha recogido hoy, entre otras, la sugerencia de los participantes en la Junta Rectora del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, de elevar una propuesta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que estudie una solución técnica definitiva a la degradación de la playa de La Llana, ya que es el problema más importante a resolver de cara a los objetivos de conservación del citado Parque.

A la convocatoria asistieron representantes de distintas consejerías, ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y San Javier, asociaciones de vecinos y asociaciones ecologistas, entre otros agentes que conforman el tejido social del Parque.

Medio Ambiente recogió asimismo otras sugerencias de los participantes en la Junta Rectora, celebrada en el Centro de Visitantes 'Las Salinas', tales como la mejora de la red de senderos para hacerlos más accesibles y fomentar así el uso público, la ampliación de los estudios de seguimiento biológico a otras especies no contempladas hasta ahora, como los anfibios y reptiles, estudiar la dinámica del sabinar del Cotorrillo ante la degradación del hábitat por la presencia de especies no autóctonas, abordar una estrategia de gestión integral de las dunas para evitar su degradación, restringir el acceso de vehículos en las proximidades del Centro de Recursos Marinos y hacer un estudio sobre la capacidad de acogida de visitantes del Parque y sus playas, como ya se ha hecho en Calblanque.

En la reunión se aprobó la Memoria de gestión de 2014 y se informó sobre las propuestas de ejecución de la Dirección General de Medio Ambiente para 2015, así como del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del mencionado Parque Regional.

La directora general de Medio Ambiente, Encarna Molina, que presidió la citada Junta, destacó que el objetivo de la Comunidad, tal y como se está transmitiendo en las reuniones de las Juntas Rectoras, es "garantizar que las aportaciones realizadas por los representantes del tejido social de este territorio protegido puedan ser incorporadas en la toma de decisiones de la Administración".