El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, recibió hoy a la presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, a quien trasladó la intención del Ejecutivo de otorgar la máxima distinción regional a las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia con el objetivo de "reconocer su memoria y dignidad".
Se trata de 50 medallas con las que el Gobierno del presidente Garre quiere rendir homenaje a las víctimas fallecidas, secuestradas o que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos, así como secuelas de cualquier tipo como consecuencia de actos terroristas cometidos en el territorio regional. El 90 por ciento de ellas corresponden a atentados de la banda terrorista ETA, 17 personas fallecidas y 33 heridas.
Las medallas se entregarán en las próximas semanas durante la celebración de un acto específico con motivo de una exposición itinerante que esta asociación traerá a la Región, según confirmó hoy Ángeles Pedraza, que estuvo acompañada del consejero y del delegado en Murcia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Miguel Folguera y José Nicoll, respectivamente, así como el consejero de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz.
El Gobierno regional propuso la modificación del artículo 1 de la Ley 7/1985, de 8 de noviembre de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para añadir dos nuevos apartados, uno de ellos sobre la creación de la Medalla a las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia y otro en el que se crea la Medalla de reconocimiento en la lucha contra el terrorismo de la Región de Murcia.
La primera de estas medallas se otorga para reconocer la memoria y la dignidad de aquellas víctimas que hayan sufrido las consecuencias de actos terroristas cometidos en el territorio regional, o en cualquier otro lugar del territorio español o extranjero, siempre que en este caso ostenten la condición de murciano en el momento de la comisión del acto terrorista.
El objetivo de la segunda medalla es rendir homenaje a entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas que hayan realizado o realicen notorias actividades dirigidas a paliar las consecuencias negativas que los actos terroristas hayan producido en las víctimas o en sus familiares, o que en los momentos inmediatamente posteriores al atentado hayan auxiliado a éstas mediante actuaciones meritorias de carácter singular que impliquen riesgo notorio, solidaridad excepcional o que superen el estricto cumplimiento de sus obligaciones.