Ecologistas en Acción de la Región Murciana y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) han presentado sendos escritos ante el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA) y ante el Grupo Parlamentario Popular, con motivo de los dos proyectos de Ley que presentó el mencionado grupo en la Asamblea Regional el 12 de febrero, y que son de una enorme relevancia para el Medio Ambiente de la Región, tanto por los efectos directos, como por las implicaciones indirectas que llevan aparejadas.
En ambos escritos, las organizaciones ambientalistas explican que la presentación de los proyectos de Ley directamente a la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia supone que dichas leyes se van a aprobar sin haber pasado el filtro y correcciones de una exposición pública en la que los agentes sociales puedan presentar informes de alegaciones, así como los informes preceptivos de los órganos consultivos (Consejo Económico y Social y Consejo Jurídico de la Región de Murcia entre otros) y de las Consejerías con competencias en cada una de las Leyes.
ANSE y Ecologistas en Acción recuerdan que esta tramitación por vía de urgencia contrasta con los retrasos en la aprobación de los Planes de Gestión de los espacios naturales de la Red Natura 2000, fundamental entre otras cosas para poder recibir ayudas económicas de la Unión Europea tanto para la gestión de los mismos como para otras políticas estructurales.
Para las organizaciones, la forma de tramitación de estas leyes es un error por los siguientes motivos:
· Hurtan el derecho democrático a la participación pública de la sociedad civil a través del cauce de la Exposición Pública.
· Suponen una importante merma en la seguridad de la norma, puesto que uno de los objetivos de toda exposición pública es la detección de contradicciones e incompatibilidades normativas, así como la detección de errores, omisiones o ambigüedades de cualquier nueva normativa.
· Se está utilizando una forma de tramitación cuyo uso sólo se justificaría para determinadas normas y en circunstancias excepcionales en las que la premura de la aprobación y aplicación de la norma responda a una necesidad urgente de la sociedad con enorme beneficio al interés general de la ciudadanía. No es el caso de ambas normas propuestas.
En su escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular solicitan que éste retire la tramitación de dichos proyectos de Ley, y que las sometan al trámite ordinario, con proceso de exposición pública y con las aportaciones de informes de los órganos consultivos competentes y de las consejerías implicadas.
En este sentido, recuerdan que ambos proyectos de Ley deberían contar con el informe preceptivo del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, por lo que han dirigido un escrito al presidente de dicho Consejo, solicitando que se convoque reunión urgente para tratar este asunto y se pueda emitir dictamen sobre dichos textos legales.