Las instrucciones cursadas por la Consejería de Economía supondrán que una parte considerable de empleados públicos vean mermada la cantidad a recibir. Esta decisión afectará especialmente a quienes se jubilaron durante aquel semestre o disfrutaron de alguna licencia o excedencia en el mismo periodo de tiempo.
La decisión del Gobierno regional de devolver a los empleados públicos de la CARM la parte correspondiente a los 44 primeros días de la extra confiscada en diciembre de 2012, incluye junto a una alta dosis de electoralismo (por la fecha elegida: finales de marzo) una grave trampa que limitará y disminuirá la cantidad a recibir por cientos de empleados públicos.
La medida viene forzada por la certeza de que el Tribunal Supremo sentenciará finalmente a favor de las reclamaciones interpuestas y que establecerá la ilegalidad de aplicar retroactivamente una norma desfavorable y limitadora de derechos. Así que, obligados por las circunstancias y antes de tener que hacerlo como consecuencia de una condena, van a abonar las cantidades impagadas correspondientes a los 44 primeros días de aquella paga extra y han elegido para hacerlo las vísperas del inicio de la campaña electoral. Piensan quizás que los empleados públicos murcianos van a olvidar que de lo que se les privó fue de la paga extra completa o que van a decidir la orientación de su voto porque ahora se les reintegre parte de lo entonces injustamente confiscado.
CCOO Enseñanza denuncia que la fórmula elegida disminuirá los 44 días que teóricamente se van a abonar en proporción al tiempo trabajado en aquel semestre. De esta manera a un funcionario que se hubiese jubilado el 2 de septiembre de aquel año solamente se le pagará lo equivalente a 22 días de extra, o a una funcionaria que se hubiese acogido a la excedencia por cuidado de hijo desde el 1 de octubre 29. CCOO considera esta decisión miserable a la par de ilegal.
CCOO Enseñanza exige al gobierno regional que se deje de electoralismos y de trampas y que negocie la devolución íntegra de la paga de diciembre de 2012 y las disminuciones autonómicas de las de diciembre de 2013 y junio de 2014 que han supuesto para los docentes murcianos mermas salariales de más de 4.500 euros en promedio.