La responsable de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Esther Clavero, ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide al Gobierno regional que inste al Gobierno de España a establecer una moratoria en la aplicación Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se rigen las enseñanzas oficiales de doctorado.

El pasado día 30 de enero de 2015, el Consejo de Ministros aprobó ambos Reales Decretos. A juicio de la Conferencia de Rectores esta medida supone un error temporal y de fondo sobre las cuestiones que ahora preocupan a las Universidades públicas y cuya implantación inmediata y precipitación tendría graves consecuencias para todo el sistema universitario.

Esther Clavero hizo alusión a los graves problemas a los que se enfrentan las Universidades españolas, fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno del PP (subida de las tasas universitarias, disminución del número e importe de las becas, escasa tasa de reposición, entre otras), a lo que hay que sumar los recortes presupuestarios que vulneran el principio constitucional de igualdad de oportunidades y el reciente Real Decreto que modifica la ordenación de las estructuras universitarias oficiales.

"Rectores, oposición, sindicatos y estudiantes critican no sólo la reforma de estos decretos sino el momento en que se hace, ya que todavía no se ha evaluado el modelo implantado en 2010, conocido como Plan Bolonia", indicó.

Clavero agregó que esta reforma universitaria va a suponer el encarecimiento de los estudios, pérdidas de puestos docentes y caos en el sistema universitario debido a que cada centro podrá acogerse o rechazarla. Lo que hará que varíe la duración de las mismas titulaciones, dependiendo de la Universidad donde se cursen.

La diputada rechaza el pretexto que utiliza el Partido Popular sobre que con esta reforma las familias ahorrarán dinero. "Porque en realidad lo único que busca el PP es acortar los grados para que al Estado le cueste menos dinero la enseñanza pública".

Por ello, la diputada socialista pide al Consejo de Gobierno que no se comience la tramitación de propuestas al amparo de este decreto, además de que el Gobierno de España inicie un diálogo y acuerde con las Universidades españolas un nuevo modelo de financiación.

A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, lo prioritario no es implantar con urgencia una nueva oferta curricular, sino asegurar un correcto modelo de financiación a nuestras Universidades que garantice su autonomía y la prestación de un servicio de calidad.

"La reforma de la oferta curricular en el ámbito universitario debe ser planteada con el consenso adecuado de toda la comunidad educativa y, en cualquier caso, de forma prudente, evitando la confusión de la sociedad en su conjunto y preservando la cohesión del sistema universitario español".

Para ello, según la diputada, debe ofrecerse a la sociedad la mayor información posible sobre la nueva oferta curricular universitaria posibilitando una mejor elección y preparación de los estudiantes y una mejora en su empleabilidad.