El servicio de arbitraje de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, perteneciente a la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, tramitó durante el pasado año un total de 4.519 solicitudes. Éstas dieron lugar a 2.234 laudos, de los que 233 fueron conciliatorios, 1.987 fueron dirimentes, esto es, fue la junta arbitral la que dictó la solución al no llegar las partes a un acuerdo, y 14 se archivaron.

La directora general de Consumo, Ana Cobarro, señaló que "las solicitudes fueron presentadas a través tanto de asociaciones de consumidores como de las oficinas municipales de los ayuntamientos".

En cuanto a la actividad, apuntó que "el mayor número de solicitudes de arbitraje correspondió a temas relacionados con las compañías de telefonía móvil, que representaron un 68,6 por ciento del total, seguidas de las compañías eléctricas, con un 8,2 por ciento. Además, hubo otras relacionadas con la restauración, el servicio de asistencia técnica, calzado y compañías de seguros, entre otros servicios".

Ana Cobarro explicó que el arbitraje de consumo "es una vía sencilla que la Comunidad pone al servicio del ciudadano para resolver los conflictos que puedan surgir entre los consumidores y usuarios y las empresas o prestadores de servicios en el ámbito de su actividad, y es totalmente gratuito para las partes".

La responsable de Consumo destacó que este arbitraje, de carácter voluntario, "es un procedimiento extrajudicial que se configura como una vía alternativa a los tribunales para la resolución de reclamaciones y la decisión que se adopta, el laudo, en el seno de la junta arbitral es obligatoria para las partes en conflicto".

Además, aseguró que "el procedimiento arbitral es sencillo, en su concurrencia no es necesaria la asistencia letrada a las partes en litigio y, una vez formalizado el convenio arbitral, el correspondiente laudo que resuelve la controversia se dicta en un plazo breve".

"Como garantía de calidad e imparcialidad en la prestación del servicio, intervienen como árbitros acreditados, a propuesta de la Administración, licenciados en Derecho, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, además de funcionarios autonómicos. Igualmente, los árbitros acreditados a propuesta de las organizaciones de consumidores también gozan de una alta cualificación", añadió la directora general.

Mecanismos de defensa del consumidor

Asimismo, Ana Cobarro recordó los mecanismos de defensa para el consumidor murciano que pone a disposición de los ciudadanos la citada Dirección General, con el fin de garantizar sus derechos. Así, dijo, "existen hojas de reclamaciones que deben tener a disposición de los consumidores todos los establecimientos de venta de bienes y prestadores de servicios, también se pueden presentar denuncias, reclamaciones y quejas ante la Administración pública de Consumo y se puede solicitar información por distintas vías, por escrito, presencial, correo electrónico y por teléfono".

Además, hay una red de oficinas de información al consumidor (OMIC), asociaciones de consumidores, oficina virtual y la web de la Dirección General, www.murciaconsumo.es.