"Nuestro medio ambiente no puede ser utilizado como oportunidad de negocio, que es la intención que se desprende de la nueva Ley de Montes. Nuestro patrimonio y recursos naturales deben protegerse siempre, sin someter esa protección a las leyes del mercado o a los intereses de unos pocos". Con estas palabras se ha referido el candidato del PSOE a la presidencia de la Región, Rafael González Tovar, a la reforma de la Ley de Montes propuesta por el Gobierno de Rajoy y que "abre la puerta a la especulación de los terrenos forestales incendiados".
González Tovar, quien ha mantenido una reunión de trabajo con Rubén Paz, Jesús Sanchéz y Mª José Salazar, representantes a nivel federal y regional del Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de FSP-UGT, ha indicado que los socialistas apuestan por el desarrollo económico y la creación de empleo, sin que suponga perjuicio alguno al entorno: "Con un modelo adecuado, puede darse un desarrollo sostenible, basado en un equilibrio social, económico y ambiental. La especulación no es la receta que nos conviene, como ya se ha demostrado. Apostar de nuevo por la especulación que beneficia a unos pocos y empobrece a la mayoría no puede ser una opción.".
"La nueva Ley de Montes supone un regreso al pasado especulativo", ha reiterado González Tovar, quien ha recordado que fue el Gobierno Socialista el que legisló con el objetivo de evitar la especulación y poner en valor nuestros recursos naturales, y que el actual Gobierno del PP ha desandado lo conseguido.
"Los socialistas nos comprometemos a recuperar las leyes ambientales perdidas y a incorporar la sostenibilidad como principio indispensable. Hay otra forma de hacer las cosas, trabajando y cuidando de nuestro medio ambiente, y no en esta completa dejadez que está realizando el actual gobierno regional con el degradado parque móvil o la eliminación progresiva de plazas de forestales", ha apuntado.
González Tovar ha afirmado que se suman a la recogida de firmas impulsada por los sindicatos y las ONG´s contra esta ley, y se muestra contrario a la futura privatización de agentes medioambientales porque son claves para la denuncia de delitos medioambientales, algo que podría verse perjudicado por abusos de poder si son servicios privatizados".