La reforma de la Ley de Montes aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes 9 de enero, supone un retroceso respecto a la ley anterior al desmontar la prohibición de cambiar el uso del suelo en las áreas asoladas por el fuego, desprotegiendo los montes y propiciando el incremento de incendios intencionados con fines especulativos. El texto, sacado adelante por el PP sin ningún tipo de consenso, permite que las Comunidades Autónomas acuerden cambios de uso forestal en zonas incendiadas por "razones imperiosas de interés público", abriendo la puerta al riesgo de que se provoquen incendios para permitir la construcción en zonas quemadas.
Hay que tener en cuenta que la intencionalidad sigue siendo la primera causa de los incendios forestales, con lo que cualquier cambio legislativo en este sentido podría implicar nuevas expectativas e incrementar el riesgo de incendios provocados por cuestiones de especulación urbanística.
La reforma de la ley de Montes supone además la liberalización de la gestión de los montes no catalogados, tanto públicos como privados. Otro retroceso respecto a la legislación anterior, que exigía que todos los montes tuvieran un plan de gestión propio. Una superficie forestal bien gestionada a través de un plan o un proyecto de ordenación forestal es un indicador a favor de la conservación y de la protección de los ecosistemas forestales. España ocupa el 2° puesto del ranking europeo en superficie forestal, con alrededor de 28 millones de hectáreas, siendo muchas de ellas de carácter privado que soportan una constante presión humana. Por ello, la gestión forestal sostenible en nuestro país adquiere una importancia vital, y es inadmisible desde el punto de vista ambiental que se permita a los montes privados que carezcan de estos instrumentos.
El Gobierno ha sido poco ambicioso con esta modificación de la Ley de Montes. Esta Ley supone un retroceso en la protección de las masas forestales y de sus ecosistemas asociados, y ha dejado de favorecer la creación de empleo como medio para asentar la población rural. También restringe la participación social en la planificación y gestión sostenible del monte, convirtiéndose en una herramienta muy poco útil para favorecer el desarrollo de las zonas rurales.
A nuestro juicio, el Gobierno a través de esta Ley busca una simplificación legislativa, que se traduce en la clasificación de los montes, las modificaciones en materia de Montes de Socios y el cambio en los modelos técnicos de gestión, en los cuales el propietario de un monte tendrá la posibilidad de acogerse a modelos propuestos por la administración. Además se trata de un texto laxo y abierto, que aconseja pero en muchas ocasiones no establece normas de obligado cumplimiento que serían necesarias para proteger nuestros montes.
FITAG UGT reclama además la creación de una Comisión Estatal, así como comisiones en cada una de las Comunidades Autónomas, que cuenten con la representación de los agentes sociales, empresarios y gobierno regional, cuyo objetivo sea analizar adecuadamente la situación y las necesidades de cada territorio, y así adaptar la normativa a nivel territorial en función de su clima, sus problemáticas e idiosincrasia.
Por otro lado, consideramos que el texto debería incidir decididamente en la necesidad de profundizar más en el uso energético de la biomasa forestal, que aparece únicamente como disposición adicional, cuando por su importancia para el desarrollo rural y para la gestión sostenible de las masas forestales residuales requeriría su inclusión en el articulado de la Ley. Al desoír todas las propuestas y aportaciones que este sindicato ha hecho de cara a la nueva ley, el Gobierno ha perdido la oportunidad de hacer una buena ley que proteja el medio ambiente, que favorezca el desarrollo rural, y la creación de empleo.