Fuensanta Máximo afirma que la principal misión de los gobernantes, en la actual situación de desafecto, debe ser trabajar para la recuperación de la confianza en las instituciones y que proteger a los imputados produce justo lo contrario.

La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, ha criticado las declaraciones del portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruíz, en las que ha afirmado que al Gobierno regional no le compete la decisión sobre los imputados, y que es algo que corresponde legislar al Gobierno central.

Máximo ha tachado de "tramposo e irresponsable" que el Gobierno regional "eche balones fuera" y se ponga de perfil "como si el tema de los imputados no fuese con el Ejecutivo." Para la responsable regional de UPyD, la irresponsabilidad del Gobierno regional queda patente cuando se hacen esas declaraciones, "teniendo en el seno del propio Gobierno a dos consejeros imputados".

En opinión de la responsable de la formación magenta, "la principal misión de los gobernantes en la actual situación de desafecto debe ser trabajar para la recuperación de la confianza en las instituciones, y que proteger a los imputados produce justo lo contrario".

La máxima dirigente regional de UPyD ha citado las opiniones de miembros destacados de Transparencia Internacional en las que, más allá de la petición de dimisiones de los cargos públicos por apertura de juicio oral, afirman que "resulta imprescindible que, para evitar el socavamiento de la confianza de los ciudadanos en la política, la imputación de un presunto delito por parte de un juez lleve a la dimisión del afectado. Parece razonable que quien ocupa una posición de poder, abandone la misma mientras se sustancia la investigación de los hechos"

Del mismo modo, Fuensanta ha recordado que UPyD prohíbe expresamente en sus Estatutos que los imputados formen parte de las candidaturas, y ha citado las propuestas que su partido ha presentado durante esta legislatura para prevenir y atajar la corrupción e impulsar la regeneración democrática.

Entre esas propuestas se encuentran la supresión del aforamiento, revisar los criterios para los indultos, acabar con la financiación irregular de los partidos políticos, así como con las llamadas "puertas giratorias".