Tal y como explica Fuensanta Máximo, es "de una incoherencia absoluta y de una tremenda ausencia de sentido común" que con los numerosos casos de corrupción en el PP, así como con su evidente dejadez para luchar contra ella, se dediquen a "proponer medidas que ellos llaman de regeneración democrática".

La responsable regional de Unión Progreso y Democracia, Fuensanta Máximo considera que la dimisión del alcalde de Torre Pacheco era "necesaria e imprescindible" tras ser condenado por un delito tan grave como es la prevaricación continuada, y ha "animado" a la alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo Gómez, a que "adopte la misma decisión y presente su renuncia de forma inmediata".

Igualmente, Máximo ha indicado que es "de una incoherencia absoluta y de una tremenda ausencia de sentido común" que con todos estos casos de corrupción en el PP, así como con su evidente dejadez para luchar contra ella, se dediquen a "proponer medidas que ellos llaman de regeneración democrática".

En este sentido, la máxima dirigente regional de Unión Progreso y Democracia ha recordado que en su momento el ex-alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, fue condenado por el Tribunal Supremo por la compra de votos, "y el PP lo mantuvo hasta el último momento", puesto que la condena del Supremo fue tras el recurso de casación que él presentó después de la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y sólo en ese instante dimitió. "Esto es sólo un ejemplo de la falta de compromiso ético del PP para luchar contra la corrupción".

Ahora la Sección Quinta de la Audiencia Provincial acaba de dictar sentencia contra el primer edil del PP en Torre Pacheco, inhabilitándole durante diez años "con privación definitiva del cargo de alcalde y de los honores que lleva anejos" por la adjudicación ilegal de un gran número de "contratos a dedo que superan la nada desdeñable cantidad de 700.000 euros".

Por otra parte, Máximo también ha subrayado el caso de la alcaldesa de Pliego y diputada del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Toledo Gómez, condenada por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le condena a una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por ser autora de un delito de prevaricación continuado, tras permitir que durante varios años un pub de la localidad causara graves molestias a los vecinos.

Por último, la portavoz regional de UPyD ha insistido en que los responsables de las instituciones públicas tienen el compromiso moral y ético de actuar siempre de forma escrupulosa. "Deben dar ejemplo con sus actuaciones, porque una sociedad no puede permitirse que quienes las dirigen sean, precisamente, los que más dudas morales originen".