La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique informó que esta mañana en la reunión de la Diputación Permanente se ha decidido, a propuesta del PSOE, que se tramite como Proyecto de Ley, el decreto presentado por el Gobierno regional sobre el decreto ley 1/2014, de 27 de junio, de Medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Rosique manifestó que el Decreto Ley aprobado por el Gobierno regional y presentado en la Asamblea Regional "enmienda la plana a la Ley de reforma local de Rajoy". La diputada señaló que con este decreto ley no se resuelve el problema suscitado por la Ley de Reforma Local de Rajoy. "Sólo sirve para ganar tiempo y evitar la premura de su aplicación y las desastrosas consecuencias que la misma va a tener fundamentalmente sobre los servicios sociales".
Teresa Rosique recordó que el PP votó en contra de recurrir esta Ley ante el Tribunal Constitucional "y ahora se ve obligada por la vía de los hechos a tener que correr para frenar la nefasta aplicación de la misma".
En opinión de la diputada socialista, las consecuencias de la Ley de Reforma Local aprobada por Rajoy sobre los servicios sociales supone despojar a los ayuntamientos de competencias basadas en la proximidad, factor fundamental para garantizar la eficiencia social y económica de las políticas sociales".
Por otro lado, añadió, entrañan un problema para CCAA como la región de Murcia, que tienen que asumir dichas competencias y financiarlas en su totalidad, cuando hasta ahora el 25% de esa financiación dependía de los ayuntamientos, según datos del Ministerio de Hacienda.
Al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa enormemente esta cuestión, "habida cuenta de la situación en que el Gobierno regional tiene sumida a nuestra Comunidad Autónoma". El desequilibrio presupuestario de 2013 asciende a 330 millones de euros y competencias actuales de la Administración regional como dependencia o renta básica no son cubiertas porque no se garantiza la financiación suficiente para ello.
A este escenario, el Gobierno regional debe sumar que tiene que asumir la gestión y financiación de competencias en materia de servicios sociales que hasta ahora cubrían los ayuntamientos. Según Rosique, esto puede acarrear la desaparición de servicios públicos fundamentales en materia de política social.