El 30 de enero de este año, una compañera de CGT que trabaja en el restaurante McDonalds de Nueva Condomina decidió denunciar a la empresa ante la Inspección de Trabajo porque ésta se negaba a proporcionar a la plantilla el calzado protector imprescindible para evitar resbalones y otros accidentes laborales. La denuncia se produjo después de numerosas peticiones previas por parte de la trabajadora a sus superiores, con el fin de que cumpliesen la legalidad sin necesidad de forzarle a denunciar.
El 17 de febrero, la Inspección se persona en el restaurante y, tras comprobar que la empresa estaba violando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al no proporcionar calzado de seguridad a la plantilla, le ordena que lo haga con carácter inmediato. Gracias a esta denuncia, todos los trabajadores y trabajadoras de McDonalds en Nueva Condomina tienen hoy calzado protector.
Pero la reacción de McDonalds no se hizo esperar. El 14 de marzo la trabajadora denunciante recibe una carta de despido disciplinario en la que se le imputa haber cometido entre el 7 y el 9 de marzo más de 70 faltas disciplinarias, entre las que se citaban no hacer un dobladillo de cierre a las bolsas de pedido, colocar en las bandejas de pedidos las bebidas frías antes que las patatas fritas o no batir correctamente los helados. Extrañamente, la trabajadora llevaba 6 años en el mismo centro de trabajo sin que nunca se le hubiese imputado ni una sola falta.
Tras su despido, la trabajadora acudió al sindicato CGT para demandar a la empresa por despido nulo, esto es, por despedirla como represalia por su legítima denuncia, gracias a la cual sus compañeros y compañeras hoy tienen equipos de protección. La trabajadora reclamaba su readmisión, el pago de los salarios de todos los meses que estuvo despedida y una indemnización adicional de 6.000 euros por el daño moral sufrido, dada la angustia que le causó estar en el paro cuatro meses por haber osado defender los derechos de la plantilla donde se integra, y ello tras seis años trabajando en la empresa sin que jamás hubiese cometido falta alguna.
Hoy el Juzgado de lo Social Nº1 de Murcia ha dictado sentencia por la que le concede todo lo pedido, declarando nulo el despido y obligando a la empresa a pagarle los salarios de estos últimos meses e indemnizarle con 6.000 euros. El Juzgado reconoce que las supuestas faltas imputadas a la trabajadora no eran más que una excusa para echarle, y resalta la evidente relación causa-efecto que existió entre su denuncia ante la Inspección de Trabajo y el fulminante despido que padeció. Igualmente, el Juzgado considera violada la garantía de indemnidad de nuestra compañera, esto es, el derecho de todo trabajador o trabajadora a denunciar a su empleador si éste comete cualquier abuso contra él o contra el resto de la plantilla y no ser castigado o discriminado por tal denuncia.
Desde CGT estaremos vigilantes para que, una vez reincorporada a su puesto de trabajo, no vuelva a sufrir ningún otro ataque por defender su dignidad y la de sus compañeros y compañeras.