El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto-Ley que garantiza el funcionamiento de las Mancomunidades de Servicios Sociales que existen en la Región y permite que tanto éstas como los ayuntamientos continúen prestando diversos servicios relacionados con la atención social.

A través de esta norma, que se aprueba a petición de las entidades locales y ha sido consensuada con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, se garantiza que los servicios de atención social se desarrollan por la administración más próxima a los ciudadanos, que son las mancomunidades y ayuntamientos, fomentando así una administración más cercana y con mayor capacidad de ajustar la atención a las necesidades de los ciudadanos.

Entre las competencias que van a continuar atendiendo los municipios se encuentran la defensa de los consumidores y usuarios, la conservación de caminos y vías rurales, el otorgamiento de licencias de actividad en zonas rurales del municipio, la colaboración en la atención primaria de la salud, los servicios en materia de drogodependencia, la prestación de servicios sociales especializados y la reinserción social de menores.

La nueva normativa tendrá especial incidencia en las localidades con menos habitantes, ya que va a permitir la continuación de los servicios que prestan las Mancomunidades de Servicios Sociales que existen en la Región, y que atienden las necesidades de más de 150.000 personas en 16 municipios.

Estas Mancomunidades son la de la Comarca Oriental, que incluye los municipios deAbanilla, Beniel, Fortuna y Santomera, la Mancomunidad del Valle de Ricote, que incluye los municipios de Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura, la de la Comarca del Noroeste, que engloba a Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla, así como la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula, que incluye los municipios de Albudeite, Mula, Bullas y Pliego.

Con el objetivo de que esta medida se aplique de manera inmediata, el Gobierno utiliza por primera vez la fórmula jurídica del Decreto-ley. Este tipo de normas permiten al Gobierno desarrollar medidas con carácter urgente que requieren rango de Ley, estando la Comunidad habilitada para promover este tipo de normas desde el pasado mes de noviembre, cuando se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región.

El Decreto-ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, otorgará seguridad jurídica a las entidades locales para la prestación de estos servicios, clarificando la reordenación de competencias llevada a cabo por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promulgada por el Gobierno central a finales del año 2013.